El nuevo Plan General que pretende el Ayuntamiento hipotecaría la inversión municipal de 5 años

R. TRAVESÍ / Burgos

El inicio de las obras del bulevar la semana pasada estuvo marcado por el derribo del muro que encajonaba el viejo trazado ferroviario pero también por la preocupación del alcalde Juan Carlos Aparicio en encontrar vías de financiación de cara a la continuidad de los trabajos de urbanización.El objetivo no es otro que hacer frente al pago de los 140 millones de euros que costará. De momento, las obras desde la calle del Carmen hasta Fuente Prior están adjudicadas por 20,2 millones de euros. El resto dependerá de la venta de suelo para construir viviendas, que debe gestionar el Consorcio del Desvío Ferroviario, del que forman parte el Ayuntamiento de Burgos y las dos cajas de ahorros de la provincia. Difícil negocio en un momento actual de paralización del mercado inmobiliario.

No será la única búsqueda de financiación ante el aluvión de inversiones que supondrá el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que marca las pautas del futuro crecimiento urbano. El equipo redactor del PGOU, que comanda José María Ezquiaga, calcula que las actuaciones contempladas en el nuevo Plan por inversiones urbanísticas asciende a 1.477 millones de euros hasta 2020. Es decir, una media anual de 147,7 millones. Una estimación que sólo hace referencia a las acciones de uso colectivo y de mejora del medio, sin incluir el coste de las acciones inmobiliarias para uso residencial privado.

La memoria de gestión del nuevo Plan General -firmada en diciembre de 2009- recoge que los 1.477 millones de euros se reparten entre los 574 millones que financiarían los operadores privados -que tienen la mayor cifra de inversión dentro del conjunto de las actuaciones urbanísticas previstas- y los 594 millones que deberían aportar las administraciones públicas. De ese pastel, la porción más grande corresponde al Ayuntamiento de Burgos, con un desembolso de 232 millones, el 15% del total y que equivalen a las inversiones municipales de cinco años. Pero hay más, porque contempla que la capacidad estimada de inversión urbanística del Consistorio podría alcanzar los 452 millones.

Pero en el reparto también entran la Junta de Castilla y León -con 198 millones- y la Diputación Provincial, con nada menos que 162 millones. El Gobierno central tan sólo aportaría dos millones de euros, una cuantía ínfima si la comparamos con el desembolso previsto para las otras instituciones.

Unas cifras mareantes si se comparan con los 237,7 millones del Presupuesto del Ayuntamiento para 2010, de los que poco más de 43 millones están reservados para inversiones reales. Unas cifras que ponen en duda la viabilidad económica de un Plan General, que ya ha sido aprobado inicialmente y que recibirá el visto bueno de la Junta de Castilla y León a lo largo de 2011.

Pese a ello, la memoria de gestión asegura que el nuevo PGOU no trastocará la estructura presupuestaria y financiera del Ayuntamiento.

En cuanto a las actuaciones privadas, se tiene en cuenta la situación actual y, sobre todo, la posible evolución del mercado inmobiliario, puesto que su financiación depende de las cargas económicas derivadas de las cesiones de suelo en los nuevos sectores de urbanización, con hasta 16.000 viviendas, y las operaciones de rehabilitación de viejos edificios.

El presupuesto de los operadores privados y públicos suma 1.168 millones, por lo que los más de 300 millones restantes corresponderían a las grandes empresas de servicios para abastecimiento y saneamiento de aguas, electricidad y otras.

Ezquiaga precisa que las estimaciones de viabilidad económica de las actuaciones privadas tienen un carácter orientativo puesto que sus inversiones dependen mucho de la evolución de los mercados inmobiliarios, sobre todo de la oferta y demanda de viviendas.

La mayor cuantía de las inversiones del PGOU corresponde a las infraestructuras de carácter general como actuaciones en la red viario y en los sistemas generales, que suman 458 millones de euros. Le siguen en orden de importancia económica, el apartado de urbanización, que con 365 millones, engloba las calzadas, las calles, la red de saneamiento y abastecimiento de agua, y el alumbrado público tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable. El resumen económico del Plan General se completa con la protección al paisaje -259 millones-, equipamientos -214 millones- y las inversiones en parques, zonas verdes y espacios libres, que alcanzan los 175 millones.

Pretende que la Diputación aporte 162 millones

La memoria de gestión que ha elaborado el equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla que el Ayuntamiento de Burgos financiaría todas las operaciones relacionadas con la adecuación de los grandes espacios libres y de protección del paisaje así como la construcción de los nuevos equipamientos locales y en las obras de la red viaria básica. En estas dos últimas actuaciones contaría con la colaboración a partes iguales de la administración regional, al que también le tocaría financiar las grandes infraestructuras de ámbito supramunicipal, tales como los equipamientos asistenciales, sanitarios, culturales y deportivos. También, contempla desembolsos económicos de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos en la protección del medio rural, las medidas anticontaminación y la red de carreteras de conexiones interurbanas.

Las exiguas arcas de la Diputación correrían con el 10% del total de las inversiones del nuevo PGOU hasta sumar 162 millones de euros, principalmente, relacionadas con el medio ambiente. En concreto, se cita la protección del paisaje rural de Cótar y la creación de un parque municipal de reserva de CO2. Este reparto, según el estudio económico financiero del Plan, es en virtud de las competencias de cada administración y su capacidad inversora.  

El equipo redactor del Plan General realiza una apreciación curiosa al recordar que la inversión real de la institución provincial en 2009 para «toda la provincia» es de unos 40 millones de euros, aunque en este caso los 162 millones son única y exclusivamente para la capital. Y es que la Diputación no cuenta con competencias en Burgos.

El apartado ‘Viabilidad de las inversiones de otras administraciones’ recoge que el desembolso de la Diputación representa 82 euros al año por cada habitante de Burgos frente a los 108 euros por cada burgalés de la provincia.

La memoria deja bien claro que «las competencias municipales en materia de inversión urbanística acostumbran a no tener carácter exclusivo y la mayor parte de las actuaciones locales pueden ser compartidas con otras administraciones o con los particulares que resulten más directamente beneficiados».

Ingresos gracias a los 66.817 nuevos habitantes

La memoria de gestión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace cálculos y, según su criterio, las cuentas cuadran. Los principales ingresos llegarán de la nueva población residente que se estima en 66.817 habitantes en los próximos diez años y de la ocupación de las viviendas construidas en Burgos. Los gastos derivados del mantenimiento de nuevos equipamientos municipales y de los servicios de alumbrado, vigilancia, limpieza y recogida de basuras o jardines se suplirán con el incremento del censo. Más pisos que suponen más impuestos sobre bienes inmuebles, sobre actividades económicas y por transferencias.

Endeudamiento a largo plazo

Eso sí, el documento reconoce que la mayor parte de la inversión urbanística municipal, que ronda los 232 millones, deberá ser financiada vía endeudamiento a largo plazo. La amortización se produciría a lo largo de treinta años.