2.900 cuidadores de dependientes perderán 700 euros al año de media

L. B. / Burgos

La secretaria de Políticas Sociales del PSOE de Castilla y León, Marta Olmedo, denunció ayer en Burgos las consecuencias de los recortes en la Ley de Dependencia aprobados el Gobierno. Detalló que en la provincia la reducción del 15% de las ayudas por prestar cuidados familiares afectará a 2.900 personas que «perderán de media 720 euros al año». Y esto, según Olmedo, es solo el principio, porque para el PSOE de Castilla y León estas medidas abren el camino a la derogación de la normativa. «Es el mayor ataque al Estado del Bienestar perpetrado en nuestro país», valoró la representante socialista.

No fue el único dato «alarmante» que ofreció Olmedo. Subrayó que la aportación económica del Gobierno central para el desarrollo de la Ley de Dependencia ha sufrido ya dos rebajas notables, de 22 millones la primera y 14 millones la segunda.

Lamentó además que la paralización de las nuevas incorporaciones de dependientes moderados, que se aplazan por orden del Ejecutivo central a 2015, bloquean el acceso a una ayuda «básica y fundamental» a un millar de burgaleses y criticó con dureza la ampliación del plazo para resolver la solicitud. «Pasa de seis meses a dos años y se elimina la retroactividad», aclaró.

No combinar ayudas

Estimó también que 2.500 personas combinan más de una ayuda en la provincia, ya que la Ley de Dependencia lo permite. No obstante, el decreto publicado recientemente anula esta posibilidad y obligará a  estos burgaleses a elegir una de las prestaciones.

En este sentido, el secretario de Dependencia de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Burgos, Víctor Villar, consideró que esta medida puede derivar en «la tragedia de tener acceso, por ejemplo, a un centro de día y no poder acudir al mismo por la desatención para levantarse y asearse, prestaciones contempladas en la ayuda a domicilio». «Un ejemplo extremo de esto, sería que una persona dependiente podría dejar de recibir una ayuda urgente de teleasistencia. De este modo, se la podría encontrar a la mañana siente la persona de ayuda a domicilio cuando ya fuese demasiado tarde», añadió.

Villar incluyó en la lista de «ignominias» la 'revisión' del modelo de cotización de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar que va a suponer la desaparición de este pago a no ser que sean los propios interesados los que se hagan cargo de él. «Se castiga a las personas que dan parte de su vida a cuidar de un familiar», opinó. En Burgos, 1.125 personas se encuentran en esta situación.

Tampoco convence al PSOE la intención del Gobierno de potenciar las prestaciones vinculadas a la prestación de servicios profesionales, en centros de día o residencias. «Si tenemos en cuenta la reducción de las plazas públicas y concertadas, hasta 560 menos, que se ha registrado en la Comunidad cabe concluir que esta decisión solo beneficiará a la empresa privada», indicó Olmedo.

La secretaria de Políticas Sociales del PSOE de Castilla y León llegó a denunciar que los CEAS de la Comunidad han recibido presiones para disuadir a los interesados en solicitar ayudas para la dependencia «con el fin de adelgazar al máximo las listas de espera».

Otra política fiscal

Ante esta situación y el progresivo «vaciado de contenido del área regional de Servicios Sociales, cuyo presupuesto bajó 51 millones este año», el PSOE instaba al Gobierno regional a «hablar y consensuar» una política fiscal que blinde «de verdad» estas atenciones. El secretario provincial del PSOE y diputado nacional, Luis Tudanca, estimó que el PP tendrá que plasmar esta voluntad en los próximos presupuestos aunque auguró, en vista de las decisiones tomadas hasta el momento, que no ocurrirá.