El Correo de Burgos

>NUCLENOR RENUNCIA A SOLICITAR LA PRÓRROGA A GAROÑA / Reacciones

Culpan a Industria de la indefinición que vive el sector

Burgos

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R. G. U. / Burgos

Si algo no ha cambiado con el relevo del socialista Miguel Sebastián por el popular José Manuel Soria son las críticas del sector energético a la indefinición de la política gubernamental en este estratégico campo de la economía nacional. Los vaivenes ministeriales irritan a un sector con gran capacidad de presión que no ve con buenos ojos la tardanza del Gobierno en definir su reforma energética ni la nueva fiscalidad que se avecina. A mayores, en determinadas empresas del sector hay una preocupación creciente por lo que consideran una apuesta del Ministerio por las fuentes de energía renovable más caras, en perjuicio de las más asequibles fuentes convencionales.Por su parte, Nuclenor defiende en todo momento que Garoña es una central técnicamente fiable y segura, que está en perfectas condiciones para seguir operativa, pero también que se tienen que dar las necesarias condiciones de rentabilidad para llevar adelante la petición de prórroga con la millonaria inversión que supondría. Y con la reforma energética aún pendiente, pero dejando dicho que podría presentar la solicitud de prórroga porque cumple los requisitos, a Nuclenor le puede la prudencia empresarial y no se arriesga a invertir porque «hasta el momento, desconoce cómo le afectarían las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear en el marco de la reforma energética aún pendiente de aprobación por parte del Gobierno».En sus más de 40 años de funcionamiento, la central nuclear de Santa María de Garoña ha acumulado muchos detractores, algunos viven a la sombra de la central y otros la rechazan desde trincheras ideológicas. Entre los primeros figura el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valle de Mena que se ha posicionado a favor del cierre y en contra de una hipotética «rebaja de las condiciones a Garoña, ya sean en su seguridad o en los impuestos que debería pagar» porque, a juicio de los ediles socialistas, «serían un fraude de Ley, por lo que finalizado el plazo, solo esperamos la única decisión coherente y razonable, su cierre en julio de 2013».Sigue en la edición impresa

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