Los abogados alertan de que la tasa judicial «ataca» al ciudadano medio

M. R. / Burgos

El proyecto de ley de tasas judiciales no gusta a casi nadie de los operadores jurídicos. Los abogados ya han empezado a mostrar su rechazo de forma visible con concentraciones como la que protagonizaron representantes de la Asociación de Jóvenes Abogados (AJA) de Burgos la pasada semana. Movilizaciones que se extendieron por toda España.

Si los jóvenes abogados rechazan este modelo de justicia que promueve el Gobierno sus 'mayores' también muestran su preocupación. Según el decano de los abogados de Burgos, Joaquín Delgado, la puesta en marcha de las tasas judiciales supondría un «ataque directo a las clases medias». Muchos ciudadanos, la mayoría, que no cumplen los requisitos para acceder a la justicia gratuita se verían desamparados, en opinión del responsable del Colegio de Abogados. La propuesta de tasas del Gobierno pretende, por ejemplo, que un ciudadano al que le han impuesto una multa de tráfico por valor de 100 euros tenga que pagar, de entrada, 200 euros en el caso de que se inicie un procedimiento abreviado por la vía contencioso-administrativa.

La vía contencioso-administrativa es cierto que es la jurisdicción, en el caso de los juzgados de Burgos, que siempre ha tenido una mayor saturación, lo que había obligado a que se adoptaran medidas de refuerzo. Sin embargo, cualquier procedimiento de este tipo le supondría a un ciudadano normal entre los 200 euros ya mencionados y los 1.200 euros de un recurso de casación. Esta situación se extiende a otras jurisdicciones como la Social y la Civil, en las que la litigiosidad entre ciudadanos es común. Hasta ahora se aplica lo que se denominan depósitos, una cantidad reducida cercana a los 50 euros que se aplica en los recursos. Pero el modelo de tasas del Gobierno, que hasta ahora se aplica a grandes compañías, es un concepto distinto que desvirtúa «las relaciones del poderoso con el más débil». Es decir, que atacaría lo que los juristas denominan la tutela judicial efectiva.

Una de las justificaciones del Gobierno para llevar adelante este proyecto es que servirá para ingresar más de 300 millones de euros -el doble de lo que se recauda en la actualidad- que se vincularán a la justicia gratuita. En este sentido, los jóvenes abogados consideran que con este proyecto lo que se pretende es «solucionar los problemas de la lusticia, que no es culpa de Jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, procuradores y abogados, sino de una total ausencia de recursos materiales y económicos de la que sí disponen otras administraciones», tal y como se reflejaba en el manifiesto leído la pasada semana.

Un malestar que se traducirá en más movilizaciones y protestas para rechazar un proyecto que rechazan de plano.