Los instaladores eléctricos tachan de desleales a las centrales de compra

La decisión de las administraciones públicas, sobre todo las locales, de optar por centrales de compra y centrales de contratación para realizar la actividad propia de los instaladores eléctricos, tendrá como consecuencia inmediata la precariedad en las condiciones de subcontratación por parte de los grandes suministradores del sector, y a corto plazo provocarán la pérdida de miles de puestos de trabajo y la desaparición de muchas de las pequeñas y medianas empresas que tradicionalmente realizan las obras de alumbrado y telecomunicaciones.Así lo considera la Asociación Profesional de Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de Burgos (APILET), quien añade que la medida pone en peligro la viabilidad de un millar de empresas que operan en el sector en la región, unas cien en Burgos, y dificulta el mantenimiento de los 4.000 puestos de trabajo que actualmente generan, 500 de ellos en la provincia.La Federación de Profesionales Electricistas y de Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE) y la asociación provincial del sector APILET aseguran que esta forma de gestión de compras perjudican, además, en el mantenimiento de una competencia efectiva y se vulneran las garantías que exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.Los empresarios del sector denuncian no sólo un cambio injustificado tanto en la gestión de compras de materiales, como en los procedimientos de licitación de obras y servicios, sino la falta de garantías que supone realizar obras con materiales y precios que no se ajustan a las condiciones de mercado.Las centrales de compras implican imponer a los instaladores materiales genéricos sobre los que no pueden garantizar ni la calidad de la instalación ni su mantenimiento. Se alejan así de los criterios de responsabilidad profesional con los que las empresas del sector han trabajado tradicionalmente, es decir, la mejor opción para cada tipo de instalación.Así, la presión de grandes multinacionales ha supuesto ya la pérdida de tejido empresarial local, lo que implica destruir empleo y complicar la viabilidad de un millar de empresas en la región que han visto reducido su volumen de negocio en los últimos cinco años en una media de un 50%.Apostar por la calidadLos instaladores eléctricos son conscientes de la necesidad de racionalizar el gasto público, pero advierten de que gastar menos no debe implicar gastar peor. Por eso hacen un llamamiento a las administraciones locales, para que constaten con los profesionales del sector la idoneidad de cada sistema, con el fin de colocar la mejor solución. Ante lo que consideran una competencia desleal por parte de las administraciones, que implica además la falta de control y garantías sobre las instalaciones, señalan que el sector público no debe en ningún caso realizar funciones de empresa privada.