O el mejor acuerdo posible o nada

Los portavoces de los grupos municipales representados en la Corporación municipal burgalesa han pactado una postura común en respuesta a la deuda que el Consistorio tiene con las entidades financieras acreedoras del consorcio del desvío del ferrocarril que solamente aporta una dilación en el tiempo de «dos o tres años» para completar los pagos frente al planteamiento presentado en junio y que fue bloqueado por la controversia política.

Ayer, tras el análisis realizado por el gabinete Jiménez-Blanco, en el que se aclaran las responsabilidades de cada uno de los actores de este complejo vodevil, los portavoces de los grupos municipales sólo han sido capaces de proponer una negociación con las entidades financieras para demorar un par de años el pago final de la deuda.

Las entidades financieras a las que se deben los 167 millones del pasivo del consorcio, según ha podido saber este periódico de fuentes de la negociación, quieren hacer valer las concesiones que ya realizaron en el acuerdo vetado por los grupos políticos de la oposición en junio, ya que «no existen en el mercado, ni públicas ni privadas, unas condiciones como las acordadas con el consorcio tanto en los tipos de interés como en el plazo de amortización».

Hacienda intervendría

Los bancos se plantan en las condiciones ya cerradas en el acuerdo de junio y cierran la puerta, a priori, al Ayuntamiento que, en los próximos días pretende llegar a una nueva solución modificando el plazo de amortización de la deuda, que pueda ser ratificada en el Pleno en la segunda semana de noviembre.

Es decir, que los grupos municipales vuelven a los parámetros de hace medio año y pretenden que los bancos asuman unas condiciones que, según sus parámetros, ya eran inmejorables entonces. Por lo tanto, el planteamiento actual, según confirmaron a este periódico fuentes de la negociación, es inamovible: se pactó el interés más bajo, en el mayor plazo de tiempo posible, que era de 15 años. En ese periodo el Consistorio tendría que hacer frente con su presupuesto a cerca de cinco millones de euros anuales en quince años.

Ocurre que, entretanto, el Estado Español ha puesto en marcha el llamado Fondo de Financiación Municipal, que encaja perfectamente con los problemas de financiación del Ayuntamiento de Burgos y que, además, tiene una vertiente imperativa. Es decir, que o el Consistorio burgalés se arregla con sus acreedores, o es muy probable que pierda su autonomía y sea este fondo municipal quien determine a quién y cuánto se paga y controle de forma efectiva el presupuesto del ayuntamiento burgalés. En las condiciones, que pueden ser obligatorias y que ya se aplican en ayuntamientos como Jaén o Jerez, el tipo de interés es el mismo que se propuso con los tres bancos después de la negociación que culminó el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, con la salvedad que el plazo de amortización que ahora está sobre la mesa para el consorcio es de 15 años, mientras que el Ministerio sólo concede 8 años para normalizar su deuda a esos otros municipios acreedores.

Según explicaron a este periódico fuentes del sector financiero, el Ayuntamiento es un firme candidato a ser ‘intervenido’ por el Ministerio de Hacienda en virtud de los 360 millones de euros que debe a diferentes entidades financieras y organismos públicos por sus responsabilidades en los consorcios de Villalonquéjar y el desvío. Y es que la en los últimos años no se han amortizado las deudas ni se han cerrado planes para contenerlas en plazos de amortización suficientemente holgados.El PSOE reclama a las entidades que reconsideren su posición

El grupo municipal socialista considera que el futuro de la renegociación de la deuda del consorcio del desvío ferroviario pasa por una «reflexión» con las entidades bancarias para lograr una flexibilización en el periodo de pago que, en el que califican como acuerdo Foronda, se fijaba en 15 años. Los concejales Daniel de la Rosa y Antonio Fernández Santos comparecieron ayer, tras realizar un «análisis detenido» del informe de Jiménez-Blanco, y aseguraron que «cumple con las expectativas» pese a que concluya que el Ayuntamiento es el responsable único de la deuda. El PSOE plantea a las entidades que reconsideren su posición «intransigente y nosotros también reconsideraremos la nuestra».

Para los socialistas el momento más crítico, en el que el Consistorio queda ligado a la deuda, es el acuerdo que firma Javier Lacalle en 2014 para aplazar el problema a 2016 «porque había elecciones municipales». De la Rosa aseguró que incluía dos «hitos» imposibles de cumplir que ocasionaban la disolución del consorcio. «El valor de los activos inmobiliarios debía ser superior a la deuda y el volumen de ingresos del consorcio debían ser suficientes para pagar los intereses de las operaciones novadas», añadió el edil, que considera que el alcalde debía haber dimitido como responsable de aquel acuerdo. Por su parte, Fernández Santos aseguró que «Lacalle como siempre quiere salir indemne». Para el socialista el acuerdo Foronda «no es bueno» para el Ayuntamiento e insiste en que se firmó «de espaldas» al resto de los grupos.