ECONOMÍA
Las 12 gasolineras ‘fantasma’ de la provincia deberán contratar personal
La normativa aprobada por las Cortes el pasado 5 de octubre obliga a estas estaciones de servicio a contar con un trabajador durante el tiempo de apertura
En la provincia burgalesa existen una docena de gasolineras desatendidas, unas sesenta en toda la Comunidad. Estas estaciones de servicio carecen de trabajadores, un hecho que la Agrupación de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal), ha venido denunciando en los últimos años, no sólo por su peligrosidad sino por la falta de atención al consumidor.
En este sentido, las Cortes de Castilla y León aprobaban el pasado 5 de octubre una legislación encargada de regular tanto el funcionamiento como las instalaciones de las denominadas gasolineras fantasma, sumándose de este modo al grupo de comunidades autónomas que ya cuentan con una normativa al respecto. «Lo que se ha hecho es regular el Decreto de Protección al Consumidor y la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, que existente desde hace años», explica Rafael Pizarro, vicepresidente y portavoz de Avecal.
Cabe recordar que el grupo parlamentario Ciudadanos fue el único que defendió la existencia de este tipo de estaciones de servicios, argumentando que aumentan la competencia y contribuyen a disminuir los precios. Aseguraron que cumplen las medidas de seguridad exigidas y son la única forma de que algunas poblaciones rurales cuenten con este servicio.
Desde hace años el número de estaciones de servicio de este tipo ha aumentado de manera significativa en la provincia burgalesa. Sin embargo, con la nueva normativa, aprobada por las Cortes de Castilla y León deberán, antes del 25 de enero de 2017 ya que la norma entró en vigor el 25 de octubre, contar con al menos un empleado formado durante las horas que permanezcan abiertas al público.
A través de esta nueva normativa, las Cortes de Castilla y León buscan, no sólo garantizar la atención a personas con algún tipo de discapacidad, sino a cualquier consumidor, desde quienes simplemente no saben echarse la gasolina, a «quienes quieren poner una reclamación- una demanda recurrente de las organizaciones de consumidores- o que necesitan una probeta para comprobar que en su coche se han echado los litros que se han pagado», explica Pizarro.
La nueva norma excluye a las cooperativas agrarias, siempre y cuando no ofrezcan combustible al público en general y se centren en atender a sus asociados. De esta forma, esta medida afecta de forma directa a las gasolineras desatendidas que «no por norma tienen que ser low cost tal y como se puede comprobar en los precios de la página web del Ministerio de Industria», explica el portavoz de Avecal. Una afirmación que el propietario de Fundación Aída corrobora al asegurar que «estas gasolineras no necesariamente venden el combustible a un precio menor que otras» y explica que «en algunas el precio puede ser menor porque contienen aditivos de peor calidad, que hacen que nuestro vehículo no rinda de la misma manera». Añade, además, que «a día de hoy, con los grandes descuentos que ofrecen muchas de las gasolineras de grandes marcas, los precios son muy competitivos».
Por otra parte, el portavoz de Avecal señala que «este modelo de negocio, basado en el autoservicio, supone un grave problema de seguridad, por el peligro de que haya un vertido de combustible, que se reposte con una garrafa no homologada o con el motor en marcha o que alguien esté fumando o usando el teléfono en las instalaciones».
Creación de empleo
A la peligrosidad, la asociación suma la destrucción de empleo y es que otro de los motivos principales que ha llevado a la Administración regional a desarrollar esta norma se centra en mejorar la cifra de empleos en el sector. En este sentido, el pasado mes de marzo, la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio (Fereclaes) aseguraba que exigir que este tipo de gasolineras cuenten con al menos un empleado en su horario de apertura permitiría crear 500 puestos de trabajo en la Comunidad.
En este sentido Pizarro explicó que «una estación de servicio puede bajar el precio del litro de gasolina hasta 5 céntimos a costa de no contar con cuatro trabajadores», quien además añadió que «el ‘céntimo sanitario’ ha supuesto durante meses una auténtica sangría en el sector, por la caída de las ventas, hecho que obligó a muchos empresarios del sector a despedir trabajadores y colocar máquinas en su lugar».