Las cargas administrativas se comen 140 millones de la facturación empresarial

«La Declaración de Independencia americana tiene 300 palabras y las normas de la Unión Europea sobre la exportación de huevos de pato suman 27.000 palabras». El director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, hace suya esa frase, que firma el economista Gay de Liébana, para enfatizar el efecto negativo que el exceso de cargas administrativas ejerce sobre la competitividad de las empresas de la provincia puesta de manifiesto gracias a un estudio encargado por la entidad financiera junto a la patronal burgalesa.

Ese análisis pone sobre la mesa unas cifras aproximadas -y muy iniciales hasta que se afine el método de cuantificación- sobre cuánto les cuesta a las empresas de la provincia la maraña de trámites, normas y obligaciones que les imponen las diferentes administraciones públicas.

La primera cifra que arroja este estudio -seguramente por debajo de la real por las dificultades para calcularla- es que el conjunto del empresariado burgalés pierde al año 140 millones de euros por las trabas administrativas. En el caso de los autónomos se les van 120 euros al mes en horas de trabajo sólo para estar al día con las administraciones públicas. Son 1.600 euros al año que se elevan a 8.000 anuales en el caso de las pymes con entre 1 y 10 trabajadores y 40.000 para las que emplean hasta 50 personas.

A estas mercantiles, que suponen las tres cuartas partes del tejido empresarial provincial, según el estudio de Cajaviva y FAE las cargas administrativas se les comen un 1,30% de su cifra de negocio anual. O, visto de otra manera, «se quitan de obligaciones» que hacen recaer sobre las empresas con el coste de horas de trabajo y pérdida de beneficios que supone, según critica el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, Miguel Ángel Benavente. Las administraciones «no tienen en cuenta el tamaño de las empresas» y someten a cargas idénticas en muchos casos a multinacionales y pymes. Un sin sentido para Benavente que critica, además, que no sean capaces de ajustar sus presupuestos mediante la reducción de gastos en vez de incrementando los ingresos por la vía de mayores impuestos a la actividad económica.

Sobremonte pone el acento en la «pérdida de competitividad» que acarrea en un mundo globalizado la sobreabundancia de cargas administrativas y el «sentimiento de indefensión» de los empresarios por la dificultad para estar al día de toda la normativa que se publica. Para enmendarlo reclama que se aplique el «principio de proporcionalidad» en función del «tamaño y los recursos de las empresas».

A la hora de señalar a las administraciones que más efecto negativo producen por su actividad normativa, José Ignacio Pascual, economista de N&B profesionales y coautor del estudio, señala a las autonomías y su empeño por dinamitar la unidad de mercado. Además, reprocha al Estado que no sea capaz de aprovechar la experiencia de departamentos más avanzados para evitar los errores de otros y pone como ejemplo que el buen funcionamiento de los sistemas de gestión telemáticos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social no ha sido aprovechado para el plan Lexnet de notificación electrónica en el ámbito judicial, que avanza penosamente.