El PP propone dotar al transporte de una mayor seguridad jurídica
Jaime Mateu plantea actualizar el reglamento de transporte terrestre con el respaldo del PSOE
b. olalla burgos
El diputado burgalés Jaime Mateu ha planteado en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados la adecuación del reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, «previa consulta con los agentes implicados», para incorporar las modificaciones introducidas por la nueva ley vigente desde 2013, «al objeto de garantizar un óptimo desarrollo de esas modificaciones y a fin de avanzar igualmente en la seguridad jurídica».
La propuesta de Mateu, que espera contar con el respaldo del grupo parlamentario socialista, pasa por que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a tener redactado un borrador del texto en el plazo de seis meses para proceder a su tramitación de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público».
El diputado burgalés, que milita en las filas del Partido Popular, defendió este planteamiento en la Comisión de Fomento del Congreso argumentando que «fueron los cambios experimentados por el mercado de transporte terrestre de viajeros y mercancías, tanto en el ámbito nacional como en el de la UE, los que aconsejaron llevar a cabo la revisión mencionada, manteniendo el máximo rigor en las condiciones de acceso al mercado de transportes, en la línea de lo determinado por la reglamentación de la Unión Europea, y dotando precisamente de mayor capacidad de autogestión a las empresas del sector».
Todo ello ha ido permitiendo la incorporación paulatina de «numerosas novedades» a la normativa española, que Mateu ha enumerado a lo largo de su intervención. Entre ellas resalta la importancia de «encuadrar la actividad del arrendamiento de vehículos con conductor como una modalidad completa del transporte discrecional de viajeros con vehículos de turismo», apartado en el que cabe el fenómeno de Uber. A mayores es necesaria, según Mateu, la inclusión de la figura del operador logístico y la consagración de los principios de libertad, contratación y explotación de las entidades de transporte, salvo en el caso de los servicios públicos de transporte de viajeros de titularidad administrativa; el fortalecimiento de la capacidad de actuación de las juntas arbitrales de transporte; la liberalización de la intermediación en la contratación del transporte de viajeros, sin perjuicio de la regulación de las agencias de viaje; la flexibilización de los límites que separaban la actuación de transportistas y operadores de transporte en el mercado; la reducción de las cargas administrativas para las empresas o el establecimiento de unos requisitos mínimos de equipamiento informático para establecer los procedimientos telemáticos de conexión con la propia administración.
El parlamentario del grupo popular recalca la urgencia de actualizar dicho reglamento no solo para dar mayor certeza jurídica al sector, sino también para seguir aplicando y transponiendo las normas y directivas europeas, al tiempo que se felicitó porque el Gobierno se encuentre ya trabajando en identificar qué aspectos legislativos deben modificarse, conforme a las prescripciones establecidas en la ley.