Avecal denuncia que las gasolineras sin empleados siguen sin cumplir la ley

El pasado 5 de octubre, las Cortes de Castilla y León aprobaban una legislación encargada de regular tanto el funcionamiento como las instalaciones de las denominadas gasolineras fantasma, sumándose de este modo al grupo de comunidades autónomas que ya contaban, en aquel momento, con una normativa al respecto. Desde su aprobación, la Administración otorgó a las estaciones de servicio un plazo de tres meses para su adecuación a la normativa y entró en vigor el pasado mes de enero.Tal y como explica el vicepresidente y portavoz de la Agrupación de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal), Rafael Pizarro, «actualmente hay un centenar de estaciones de servicio de este tipo en la Comunidad, de las cuales, una quincena se ubican en la provincia burgalesa». Gasolineras que «no están cumpliendo con la normativa, algo difícil de entender después de dos meses de entrada en vigor y seis, desde que se aprobó y se anunció su puesta en marcha».Desde Avecal denuncian que «la responsable de hacer cumplir con esta norma, que es la Administración regional, no están haciendo el trabajo que debiera, «aplicar una ley». Una norma que, Pizarro recuerda «no es una ley del sector sino que regula el Decreto de Protección al Consumidor y la Ley General de derechos de las personas con discapacidad».El portavoz explica que «tanto Patronal como sindicatos y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta hemos trasladado esta situación a los responsables, preguntando si van a hacer cumplir una ley que afecta a todos los ciudadanos de Castilla y León». Recordó que esta norma «ha sido un trabajo conjunto, de más de dos años, de Patronal, sindicatos, asociaciones de discapacitados y organizaciones de consumidores» y que «se aprobó en Cortes con una amplísima mayoría».Para Pizarro, hacer cumplir la norma «es tan sencillo como realizar una inspección para comprobar si las estaciones de servicio cumplen tienen trabajadores o no» y se pregunta, «qué ocurriría si mañana hay un siniestro en una instalación de este tipo, a quién tendríamos que pedir responsabilidades» y es que «el sector trabaja con un producto peligroso, tóxico e inflamable, estamos homologados como actividad de riesgo».Además, reiteró la importancia de contar con personal, no solo por cuestiones de seguridad, sino «para ofrecer el mejor servicio al consumidor, ya sea para darle una probeta o una hoja de reclamaciones, para atender a una persona con minusvalía o simplemente porque la Administración quiere hacer una inspección y tiene que haber alguien». El portavoz de Avecal asegura que «la agrupación no quiere que se cierren estas instalaciones, pero sí que cumplan con la normativa vigente, que es contar con personal».Pérdida de empleoA este tenor, la agrupación denuncia «una sangría de puestos de trabajo del sector en el territorio nacional», comenta Pizarro, «en 2015 se perdieron 600 empleos a nivel nacional, mientras que se ponían en marcha 235 gasolineras más sin empleados». La situación «se agravó al año siguiente, cuando se perdían 2.100 puestos de trabajó más, lo que supone 3.000 empleos menos en apenas dos años». Esta situación no es ajena a Castilla y León, según explica Pizarro, quien asevera que «también se ha notado, aunque no con la gravedad que se ha producido en otras comunidades autónomas».El primer año sin ‘céntimo sanitario’ mejora la venta de carburantes«El tiempo nos ha dado la razón», asegura el vicepresidente y portavoz de la Agrupación de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal), Rafael Pizarro, a tenor de la mejora que ha protagonizado la venta de carburantes en la provincia tras la retirada del ‘céntimo sanitario’. «Ha sido un impuesto malo, no solo para el sector porque dejamos de vender litros, sino para la propia región, que dejó de ingresar un dinero fundamental para el mantenimiento del Estado de Bienestar de los ciudadanos», asevera Pizarro.Tal y como recoge el Organismo español responsable de la gestión de estas reservas y del control de las existencias mínimas de hidrocarburos, Cores, aunque las ventas siguen siendo inferiores a las registradas en 2011, antes de la entrada en vigor del impuesto, la caída se ha reducido prácticamente a la mitad si se compara enero de 2016- momento en que se retiró el impuesto- y diciembre de ese mismo año.Y es que, mientras que en enero del año pasado, las ventas de carburante en la región habían sufrido una caída del 29% respecto al mismo mes de 2012; en diciembre, el descenso se redujo hasta el 15%, en comparación con el mismo mes de 2011. «Poco a poco nos estamos recuperando en este 2016, pero no hay que olvidar que somos animales de costumbre y el que se ha ido a otro sitio a repostar es ahora cuando está regresando a la provincia», comenta Pizarro, quien añade que «en gran parte, la mejora se debe al buen hacer de los trabajadores del sector».Este 2017 «lo miramos con ilusión moderada», explica y es que «el precio del petróleo se va a mantener, si no pasa nada raro, por lo que será un año de tránsito, de ir recuperando ventas».