CCOO acusa a las administraciones de fallar con la seguridad laboral

La siniestralidad laboral también tiene repercusión en los trabajadores públicos pero ésta es «invisible» y «muy difícil de cuantificar». Los sindicatos denuncian un incremento del 17,9% de los accidentes con baja en una plantilla corta de efectivos y cada vez más envejecida. Señalan que entre 2007 y 2012 la siniestralidad había bajada pero «desde la segunda reforma laboral y el empeoramiento de las condiciones de trabajo no ha hecho más que crecer», señaló al respecto el secretario de Salud Laboral de CCOO, Jesús Ángel Bores.

Las tres administraciones más relevantes tienen un suspenso para la Federación de Servicios Públicos de CCOO que denuncian que «en la Junta de Castilla y León, en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento falta un servicio de prevención propio tal y como obliga la ley para los centros de trabajo con más de 500 empleados», señaló al respecto el coordinador regional del sector autonómico de FSC-CCOO en Castilla y León, Ernesto Angulo. «Se da la incogruencia de que la Junta de Castilla y León tiene potestad sancionada y capacidad inspectora en materia de seguridad laboral, podría sancionar a una empresa por no tener un plan de prevención que ellos mismos no tienen», señala Angulo. Así cuando se realiza una inspección «se realiza un requerimiento de que no cumple la normativa y ya porque no se permite una sanción económica, sólo realizar un requerimiento y así se queda». Señalan desde CCOO que hay un decreto estatal que refleja estas sanciones económicas que debe tener un desarrollo por la administración autonómica que no se ha hecho y «se encuentran en una especie de limbo jurídico».

Existe preocupación en algunas áreas como Medio Ambiente, en los guardas y agentes forestales particularmente, y en los empleados de las residencias geriátricas de la administración. «No tenemos datos reales puesto que las mutuas no vuelcan los datos al sistema pero sabemos, por los asuntos que tratamos en el sindicato, que en Servicios Sociales hay muchos accidentes con bajas muy largas y están por encima de la media», señala Angulo.

Todos los avances logrados en estas materia son vía denuncia judicial. Apuntan que «tras diez años de requerimientos y denuncias» la Junta de Castilla y León cuenta con un plan de Seguridad Laboral en el ámbito de la Ergonomía y el área psicosocial y en Higiene Industrial. Pero aún está pendiente de cerrar los documentos sobre Medicina del Trabajo y Seguridad.

Enfermedad inexistente

El área de servicios públicos del sindicato denuncia también la casi imposibilidad de lograr el reconocimiento de enfermedad profesional de las mutuas que trabajan con la administración pública. Los trabajadores se pueden acoger a Mugeju, Muface e Isfas y «no publican datos pormenorizados de siniestralidad, ni realizan un volcado de datos al sistema ni existe homogeneidad de fuentes». De ahí que no se puedan articular «las valoraciones necesarias para ver qué falla, porqué suceden los accidentes y qué medidas preventivas podemos implementar», señalan.

Por otro lado, denuncian la dificultad para que se concedan bajas o se reconozca una enfermedad profesional. «Una parte de las nóminas de los funcionarios pasan a las mutuas que reciben ese dinero de donde se detraen las cantidades a entregar cuando se producen bajas por enfermedad y lo que sobre es su ganancia». De esta manera denuncian que las «enfermedades profesionales son invisibles» mientras que otras circunstancias no se reconocen. «Ahora estamos con demanda a una mutua de Burgos porque no reconoce los riesgos a una embarazada ni los tiempos de lactancia natural, las mutuas lo deniegan de oficio y lo tenemos que judicializar una y otra vez».

Agresión a funcionarios

Desde CCOO celebrará el próximo 28 de abril, Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo realizando una jornada técnica con delegados de prevención donde se podrá especial atención a los obradores de panadería y el año pasado se hizo en el sector agrario. Se eligen a las empresas con mayor siniestralidad. En el ámbito público ponen el foco en el incremento de las agresiones al personal funcionario. El objetivo es que en diferentes áreas perjudicadas (servicios de protección del medio ambiente y oficinas de empleo» se establezca un protocolo similar al Observatorio que se ha puesto en marcha en Sanidad.