Nuevo intento ‘in extremis’ de romper el consorcio como reclama el ICO

BURGOS

Lo que prometía ser una reunión trascendental para el futuro -no ya del propio consorcio de Villalonquéjar, sino del conjunto de la ciudad- se quedó en mero amago. En vista de que las posturas se mantenían un tanto ‘enquistadas’ y con la solicitud de disolución del ente rubricada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ya sobre la mesa, el alcalde, Javier Lacalle, optaba por dar un nuevo plazo de 15 o 20 días para «intentar llegar a un acuerdo de refinanciación» que permita esquivar el escenario planteado, burofax mediante, por la entidad pública crediticia, que también exige que todos los ingresos se destinen a sufragar la deuda existente.

Así lo explicaba el edil de Hacienda, Salvador de Foronda, al término de la ‘fallida’ cita. Minutos antes de que comenzase el consejo rector detallaba, sin embargo, que en ella se iba a proponer interponer un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo contra la decisión adoptada por el Pleno que rechazaba la reestructuración de la deuda en los términos acordados y, también, reclamar al Ayuntamiento el abono de los 37,9 millones pendientes de pago en la actualidad a ICO y CaixaBank. «Si esta reclamación no fuera atendida se procedería a la disolución del consorcio», indicaba Foronda.

No obstante, descartado el recurso de entrada, cualquier paso a dar quedaba en el aire, pendientes de ese nuevo encuentro que tendrá lugar ya en diciembre.

Sí se abordó la modificación de los estatutos del consorcio reclamada por Ciudadanos para contemplar cualquier tipo de acuerdo. La Fundación Caja de Burgos, integrante junto a los representantes municipales del consejo rector, se mostraba partidaria de la adaptación de los mismos a la norma pero rechaza asumir responsabilidades económicas y perder la gestión que en la actualidad ostentan, tal y como pretende la formación naranja representada en este órgano por su portavoz en el Ayuntamiento, Gloria Bañeres.

Precisamente la edil consideró que la reunión había sido «productiva» por haber permitido conocer la posición de Caja de Burgos al respecto de su solicitud. Si bien reconocía que discrepan con su negativa a la retirada de esa gestión, que implica la comercialización de las parcelas. «Ellos defienden que entonces su presencia carecería de sentido y les he trasladado que no, que su papel sería el de apoyar al Ayuntamiento, propiciar que se apruebe la reestructuración y evitar que la deuda recaiga en las arcas municipales. Pero parece que no les ha parecido motivo suficiente», afirmaba.

Por su parte, el PSOE mantenía la posición que ha defendido en las últimas semanas y, además de considerar que la solución compete al equipo de Gobierno y Ciudadanos, pues fue una de las razones que motivó el pacto suscrito entre ambas formaciones a comienzos de este año «por el que Lacalle sigue en la Alcaldía», según indicó Nuria Barrio, reclamó al regidor que responda «con claridad y contundencia y no con las vaguedades ya expresadas» a las tres cuestiones trasladadas por escrito por los socialistas. «Nos interesa especialmente que él o alguien de su equipo asuma la responsabilidad política de la gestión previa a este escenario, con la firma del convenio de 2014», explicó Barrio.Más información en la edición impresa