FAE denuncia la «incertidumbre impositiva» y reclama menos tasas

BURGOS

«El parchís tiene un reglamento más serio que el impuesto de sociedades». Así describe Miguel Ángel Benavente la sensación de «incertidumbre impositiva» que vive el colectivo empresarial, que se ha acentuado desde la llegada del nuevo Gobierno socialista que ha planteado un nuevo escenario fiscal al alza.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) recuerda que la ley que rige el Impuesto de Sociedades se ha modificado «doce veces» desde el año 2014, lo que, unido a las reformas que plantea ahora el PSOE, a su juicio a ido generando un escenario de «continua adopción de medidas de urgencia» en materia de impuestos, en muchos casos «por Real Decreto», que es «incompatible con la seguridad jurídica».

Benavente, de partida, considera que las empresas ya pagan más impuestos de los que deberían, pero su solución para incrementar los ingresos por recaudación fiscal pasa principalmente por atajar la economía sumergida y levantar la bolsa de fraude que se oculta detrás y que, según las cifras que aportó el presidente de la patronal, puede suponer entre un 20 y un 25% del PIB español. El líder de los empresarios burgaleses traduce ese porcentaje en 180.000 millones de euros que se escapan del fisco y cuatro millones de empleos que no cotizan. Si simplemente el Gobierno fuera capaz de reducir en un 5% la economía sumergida se aflorarían «36.000 millones de euros en facturación, lo que implicaría 4.000 millones de IVA». Benavente aporta una segunda receta contra el fraude fiscal que pasa por reducir la carga impositiva a las pymes para evitar que se refugien en la economía sumergida para sobrevivir.

Y una tercera y principal exigencia a los gobiernos: «que se gasten sólo lo que recaudan», porque lo contrario es «revivir problemas», en clara alusión a los intentos del nuevo Gobierno socialista de elevar el techo de gasto público. En sentido, Benavente citó a Margaret Tatcher para insistir en que «no es cierto que el dinero público no tenga dueño», sino que pertenece a «los contribuyentes».

Entre los principales pagadores, el presidente de la patronal provincial resaltó a las empresas, de las que el Estado recauda por las cotizaciones a la Seguridad Social 116.786 millones de euros, de los que 93.643 millones corresponden a lo que deben abonar los empresarios y 31.731 prodecen de las que se deducen a los trabajadores. Además, recuerda Benavente, el Estado recauda 67.797 millones a cuenta del IVA.

A mayores, FAE pone de manifiesto que en 2017 la recaudación por impuestos a las empresas por parte la Administración fue la segunda más alta desde 2017 con un total de 198.000 millones, 2.500 más que en 2017. De cara a 201, Benavente explicó que se prevé superar la cifra de 2017 «en 9.400 millones, quedando en 210.015 millones de euros».

Por tanto, concluye, el Estado no tiene un problema de ingresos, ya que, explicó, la presión fiscal en España sobre las empresas -la estatal, autonómica y local, de forma conjunta- es superior en seis puntos a la media europea, «sino un problema de gasto público».