La Junta supera ya las 230 viviendas de alquiler social

La Junta, a través de la Consejería de Fomento, ya cuenta con 233 viviendas del parque público de alquiler social después de que ayer firmara en Burgos dos convenios, uno con el Arzobispado y otro con los ayuntamientos de Castrojeriz, Regumiel de laSierra, Villegas y Cilleruelo de Abajo. Este último acuerdo está incluido dentro del programa Rehabitare.

El arzobispo, Fidel Herráez, y el consejero de Fomento, JuanCarlos Suárez-Quiñones, firmaron ayer en Burgos un convenio por el que sumarán cuatro viviendas en desuso para su rehabilitación y alquiler social.

A falta de que la comisión mixta creada al efecto decida el lugar exacto, estas cuatro viviendas estarán ubicadas en la zona de Busto de Bureba y Cerezo Río Tirón.La inversión será de unos 50.000 euros por vivienda.Se trata de casas parroquiales que ya no están en uso, según explicó el arzobispo, quien recordó que en la actualidad hay 70 casas de este tipo que sí están habitadas, aunque no pudo precisar el número de viviendas que están en desuso. El objetivo es recuperar este tipo de viviendas, que están ubicadas en los cascos urbanos de las poblaciones, para evitar su deterioro y contribuir, en la medida de la posible, a luchar contra la despoblación.

El arzobispo indicó que es una pequeña aportación para «salir al paso de una preocupación de la población como es la vivienda». Además, añadió, supone intentar paliar esta «dolorosa realidad de las despoblación, no solo en Burgos, Castilla y León y España, también en Europa». A su vez, se contribuye desde el Arzobispado a «aumentar el parque de vivienda de alquiler social para los colectivos más desfavorecidos». A su vez, aprovechó para destacar que el papel de la Iglesia en el medio rural es «innegable», hecho que dice haber podido comprobar en sus casi tres años como arzobispo de la Diócesis. Este protocolo ya se ha firmado enCastilla y León con León, Astorga, Ciudad Rodrigo, Palencia ySegovia.

El consejero de Fomento remarcó que con la firma de este protocolo con el Arzobispado «nos permitirá incidir en las políticas de vivienda basadas en el compromiso social con los más desfavorecidos». Un compromiso, añadió, que se lleva a cabo a través de tres pilares principales. Por un lado, destacó las ayudas al alquiler para las personas con menos recursos. Unas ayudas que comenzaron con una partida de 1,9 millones de euros y que ya superan los 15,3 millones de euros.Este tipo de ayudas se destinan para pagar hasta la mitad de la renta de alquiler.De hecho, Suárez-Quiñones remarcó que de los 202 millones del Plan Estatal de Vivienda, el 60% irá destinado a las ayudas al alquiler.

La rehabilitación es otro de los pilares de esta política, con mejoras en viviendas para hacerlas habitables y ayudas a quienes las tienen en malas condiciones.Esto se hace a través de dos vías, explicó Suárez-Quiñones, con ayudas indirectas, a las que se han destinado 4,8 millones, y a través de las áreas de rehabilitación urbana (ARU), como el que se está ejecutando en el barrio de SanCristóbal. El tercer elemento de esta política de vivienda es parque público, con las más de 230 viviendas en la provincia, que en el caso de la Comunidad ya son 1.955.