Salinero advierte que el proyecto de Plaza Santiago no actuará en el garaje

Tras más de once años reivindicando el arreglo de la plaza Santiago y la reparación de los daños en los garajes y dos sentencias que ratifican la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, el concejal no adscrito Raúl Salinero advirtió ayer que «el proyecto de remodelación sólo contempla la superficie de la plaza y no recoge ninguna intervención de impermeabilización ni arreglos en los garajes».El área de Fomento iniciaba en julio de 2018 el expediente del proyecto, pero no ha sido firmado hasta el pasado 4 de febrero. Una realidad que para Salinero pone de manifiesto que «el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, está extendiendo el proceso más de la cuenta para evitar que el arreglo comience antes de las elecciones municipales».El concejal recordaba además a tenor del proceso judicial que «el PP recurrió la sentencia de TSJCyL para perdonar a Ferrovial, la empresa encargada de las obras, los 800.000 euros por incumplimiento de contrato». De ahí que el Ayuntamiento «solo haya incautado 300.000 euros a la empresa» en concepto de fianza. En este aspecto, Salinero criticaba que «el equipo de Gobierno ha querido eludir su responsabilidad en detrimento de los vecinos de la plaza Santiago».El concejal teme que, viendo el proyecto previsto para la zona, «la idea del equipo de Gobierno sea utilizar esos 300.000 euros de la fianza para realizar la obra». Una cantidad que, si se añade la impermeabilización del garaje y los diversos arreglos, «sería a todas luces insuficiente».Además de incluir el arreglo del aparcamiento privado, el concejal exigió a Lacalle «una disculpa a los vecinos», de quienes comentó que «deben participar en el proyecto para buscar una solución coherente». Aseguró, además, que «estará muy atento al desarrollo del expediente» y planteará un debate sobre el asunto en el próximo consejo de la Gerencia de Fomento para pedir que se agilice el procedimiento.En otro orden de cosas y a tenor de la obra que el alcalde quiere desarrollar en la calle Vitoria y que supondría la ampliación de la acera a la altura del restaurante Ojeda con la consiguiente reducción de 3 a 2 carriles la carretera, el concejal aseguró que «es una ocurrencia que roza la ilegalidad».Tal y como apuntó el candidato a la Alcaldía de Podemos, el Plan General de Ordenación Urbana, establece «el diseño actual como el óptimo para el tráfico» y está «basado en un estudio de Movilidad». Un estudio que «no se ha hecho para esta idea del alcalde». El planteamiento de Lacalle «transformaría la calle Vitoria en un embudo», comentó Salinero, quien acusó al primer edil de actuar «como un mono con pistolas».La inversión prevista para esta obra rondará los 30.000 euros que «sumados a los 12.000 euros que costó el cierre al tráfico de la calle Santander varios domingos y festivos y a la remodelación de la plaza Hortelanos, que tuvo un coste de 80.000 euros, tenemos como resultado que el alcalde se ha gastado más de 120.000 euros en mamarrachadas».Requerimientos por incumplir la Ley de Memoria HistóricaLa concejal no adscrita, Blanca Guinea, advirtió ayer que el Ayuntamiento de Burgos es uno de los 656 consistorios que ha recibido «un requerimiento del Ministerio de Justicia para que proceda a la retirada de todos los símbolos franquistas que aún quedan en la capital burgalesa».La edil apuntó que «Castilla y León es la comunidad con mayor número de requerimientos» y que en la provincia se ha avisado a «32 ayuntamientos». Guinea recordó que «la ciudad todavía conserva algunos símbolos franquistas como el escudo de la familia Franco en el Palacio de la Isla, la inscripción con el nombre de Primo de Rivera en la Catedral o la inscripción en el Víacrucis a los caídos por Dios y por España en el Castillo».Además, la concejal añadió a la lista de pendientes las calles Alcalde Martín Cobos, Codón y Dancausa, que la comisión de expertos señaló como contrarias a la Ley de Memoria Histórica y que «el PSOE sacó del listado de calles porque pesa más la herencia que la decencia, haciendo el juego al Partido Popular».Para Guinea es «una cuestión de dignidad» sacar de «esta lista de la vergüenza» de ayuntamientos requeridos al consistorio burgalés, especialmente para «dar cumplimiento de una vez por todas de laLey de Memoria Histórica.