La ratio de fisioterapeutas, a años luz de lo aconsejado

Lejos, pero que muy lejos, a años luz de las recomendaciones oficiales se encuentra la ratio de fisioterapeutas por habitante del sistema sanitario de la provincia. No es una situación rara, la verdad, todo el país adolece de esta figura profesional en la atención pública. Y Burgos, claro, no es una excepción. Las cifras cantan.

La Organización Mundial de la Salud marca la pauta y establece como aconsejable disponer de un fisioterapeuta por cada 1.000 o incluso 1.200 habitantes. En conjunto, Sacyl cuenta con 65 plazas en la provincia, lo que -en comparación con las 356.047 tarjetas sanitarias en activo- arroja una por cada 5.400 habitantes. La distancia con lo recomendado es notable. Otra sencilla operación basta para calcular que cada millar de burgaleses dispone de casi 0,2 profesionales, es decir, ni una quinta parte de lo debido. De los 65 puestos citados, 34 corresponden al Hospital Universitario de Burgos, 8 al comarcal de Aranda y 5 al de Miranda.Más grave es aún lo que se contempla al cerrar el foco sobre Atención Primaria. Los centros de salud de la provincia tienen 18 plazas de fisioterapeutas, tal y como se puede comprobar en la plantilla orgánica en vigor publicada en la página web de Sacyl. El reparto ronda un puesto por cada 20.000 habitantes mientras que en este ámbito se estima que para una asistencia adecuada debiera haber uno para 3.000 en zonas urbanas y para de 5.000 a 8.000 habitantes en el medio rural. Las cuentas no salen de ninguna de las maneras.

Bien lo saben los propios especialistas que, impotentes, ven dispararse las listas de espera y alejarse a pasos agigantados su misión de, más allá de tratar dolencias puntuales, trabajar en la prevención. Raquel Sebastián, delegada provincial del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León, reclama un cambio y urge un incremento de plazas «pese a que hay provincias que están incluso peor que esta». Advierte, sin embargo, de que si el actual déficit no se corrige, el futuro deparará problemas graves, pues «el progresivo envejecimiento de la población hace que nuestra labor sea cada vez más necesaria». «El papel que podemos jugar en la formación de los ciudadanos para evitar riesgos debe tenerse en cuenta», añade.INVERSIÓN

Sebastián señala además que un incremento de fisioterapeutas en la red sanitaria pública es una inversión que a medio plazo implicaría un ahorro a la Administración. «Está más que probado que nuestra intervención disminuye costes», insiste y pone como ejemplo los resultados de los programas de prevención de caídas puestos en marcha en otros territorios. «Solucionar las consecuencias de estos incidentes es uno de los principales gastos de Sacyl. Nosotros estamos capacitados para trabajar con los grupos de riesgo e introducir pautas que reduzcan la incidencia de estas situaciones a las que son propensas las personas de edad avanzada, que además pueden padecer enfermedades crónicas y degenerativas», indica la representante local del Colegio Profesional de Fisioterapeutas.Además de valorar cada caso y conocer el riesgo que presenta, bien por el tipo de marcha, la debilidad que presenta o los efectos de la medicación que toma, estos programas incluyen talleres en los que los beneficiarios de la iniciativa reciben consejos y realizan ejercicios que les faciliten desenvolverse sin peligro en su día a día. «Son medidas muy efectivas y realmente rentables que necesitan personal para ponerse en práctica», subraya Sebastián, convencida de que hace falta que desde políticos hasta especialistas de Traumatología, Reumatología y Familia conozcan «todo lo que podemos hacer los fisioterapeutas, que es mucho más de lo que hacemos en la actualidad por falta de tiempo».Mientras la Administración, principalmente, decide si recoge este guante, las listas de espera están condenadas a aumentar. «Y eso, en definitiva, lo que favorece es la privatización de estos servicios», afirma Sebastián, no tanto en referencia a los compañeros que trabajan por su cuenta en clínicas particulares (hasta 393, según el INE, que en conjunto si suponen casi uno por burgalés), como por las entidades privadas con parte de financiación pública que prestan estos servicios y gracias a los ingresos pueden rebajar los precios, haciendo «competencia desleal».