El caso de los sobrecostes del HUBU pasa a la Fiscalía provincial de Valladolid

La fiscal jefe en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Purificación Garrido, remite a la Fiscalía provincial de Valladolid la denuncia sobre los sobrecostes del nuevo hospital de Burgos para que sea este órgano el que investigue la denuncia conjunta presentada el 12 de agosto por PSOE, Podemos, IU-Equo y plataformas como Sanidad Pública Sí o Ecologistas en Acción.El caso se verá ahora en los juzgados de Valladolid, donde ya consta una demanda similar presentada en julio por el exprocurador leonés de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, quien denunció ante la Fiscalía el sobrecoste de 50 millones del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y posteriormente firmó con PSOE, Podemos e Izquierda Unida una denuncia conjunta, que se formalizó ante la Fiscalía Anticorrupción, sobre la que ahora se ha pronunciado Purificación Garrido.Se da la circunstancia de que Mitadiel es hoy el gerente de Sacyl a las órdenes de la consejera de Sanidad, Verónica Casado. En su denuncia, el político de la formación naranja no señalaba responsables en la denuncia, sino a los que intervinieron en la tramitación del proyecto, en la resolución o en el informe, «de tal manera que se les tome declaración, si la Fiscalía valora que existe delito». Tampoco se nombran sospechosos en la denuncia conjunta de PSOE, Podemos e IU-Equo. Todos ellos confiaban en que fuera la Fiscalía Anticorrupción quien apuntase los nombres de los responsables de los presuntos delitos y, sin embargo, la decisión recae ahora sobre la Fiscalía de Valladolid. Un movimiento que ha sido interpretado por la plataforma Sanidad Pública Sí como un intento de «pasarse la pelota de un sitio a otro».La fiscal jefe en funciones, Purificación Garrido, fundamenta su decisión de enviar el caso a Valladolid, provincia en la que se habrían cometido los delitos a los que apuntan los denunciantes, al no haber encontrado indicios de la participación de personas aforadas que debieran ser encausadas en el Tribunal Superior. Los propios denunciantes, incluido Mitadiel, plantearon su demanda sin apuntar a ningún responsable concreto de los hechos. En su resolución, fechada el 9 de noviembre, justifica la «no competencia» del órgano que dirige para entrar en el fondo de esta denuncia «dada la no aportación de elementos indiciarios de delito en el que haya intervenido alguna persona aforada», según reza el escrito al que ha tenido acceso este periódico. Y a renglón seguido, decreta la «conclusión y archivo» de las actuaciones iniciadas por la Fiscalía superior y remite el caso a la provincia de Valladolid.El hecho de que la Fiscalía del TSJ argumente que no encuentra indicios de que en los supuestos delitos estén implicadas personas aforadas excluye en principio la hipotética responsabilidad de parlamentarios o de altos cargos de la Junta de Castilla y León en los hechos denunciados. La decisión de la Fiscalía regional, por tanto, apunta a determinadas decisiones técnicas que se validaron en el ámbito de la Gerencia autonómica en el que no existe aforamiento.Aunque ninguno de los responsables de la Sanidad pública regional que en su momento tomaron decisiones sobre el HUBU mantiene hoy la condición de aforado, permanecen bajo esta figura legal en lo que respecta a los actos y decisiones que llevaron a cabo en su etapa como cargos públicos en el Gobierno autonómico, por lo que cualquier denuncia que les afecte debería ser tramitada en el Tribunal Superior.La adjudicación del contrato con la sociedad Nuevo Hospital de Burgos para la construcción, equipamiento y mantenimiento del centro hospitalario se produjo con César Antón como consejero de Sanidad, mientras que su sucesor, Francisco Javier Álvarez Guisasola, fue responsable del área de Sanidad durante la parte final y conclusión de las obras del HUBU. En ambos casos, están amparados por su condición de aforados ante cualquier demanda en relación con las decisiones políticas que tomaron en relación con el HUBU que habría de ser juzgada en el TSJCyL.Lavarse las manosLas entidades firmantes de la denuncia acudieron a la Fiscalía Anticorrupción de Castilla y León al entender que los hechos denunciados encajan en sus competencias. Ahora, después de que la denuncia haya desfilado por el TSJ para acabar inhibiéndose a Valladolid, el presidente de Sanidad Sí, Juan Antonio Ayllón, lamenta que se haya tomado esta decisión porque Anticorrupción «tiene medios para hacer una investigación», muchos más de los que obviamente dispone una Fiscalía provincial.Tanto Ayllón como el resto de sus compañeros de la plataforma se encuentran en estos momentos «desconcertados, preocupados y enfadados» por el traslado de esta denuncia. La pelota salta de un tejado a otro y los colectivos denunciantes intuyen que nadie quiere hacerse cargo de la investigación. De hecho, el presidente de esta asociación recuerda que la denuncia individual interpuesta en su día por Cs en Valladolid fue enviada desde la propia Audiencia Provincial al TSJ, que ahora se inhibe porque de momento no hay ningún aforado bajo sospecha.Si algo tiene claro Ayllón es que el caso sobre el sobrecoste del HUBUrequiere una depuración de responsabilidades que requiere una investigación más exhaustiva. No le cabe «ninguna duda» de que los tres tribunales por los que ha desfilado la denuncia «han visto materia más que suficiente» como para saber que se han cometido flagrantes irregularidades.El problema, a su juicio, reside en que «no tienen un criterio común y tampoco comprensible».A la espera de cómo transcurren los acontecimientos desde Valladolid, la plataforma Sanidad Pública Sí confía en que cualquiera de estos tribunales, sea el que sea, llegue hasta el fondo del asunto. Si fuese necesario, advierte Ayllón, «recurriremos donde haya que recurrir». De esta forma, deja bien claro que el colectivo al que representa no tiene intención alguna de rendirse en este procedimiento.