Admitida la querella contra el Ayuntamiento en el caso del edificio de Santa María

Los propietarios de la cuarta planta del edificio de la plaza de Santa María, número 8, frente a la Catedral de Burgos, inician un nuevo periplo en los juzgados esta vez contra tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Burgos, entre ellos el gerente de Fomento. El juzgado de Instrucción número 2 ha admitido a trámite una querella criminal de la familia Fuentes Santamaría para dirimir un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de exacción de impuestos y, por tanto, se iniciará una investigación para aclarar si el asunto acaba en una acusación formal y en juicio público.Según explica su abogado José María Castilla, desde 2011 han visto cómo no se les respondió a la petición de licencia que presentaron para rehabilitar su propiedad, se declaró la ruina de su piso, se les trató de expropiar sin una indemnización económica y han temido por una ejecución subsidiaria que pretendía eliminar del inmueble, que data de 1.450, aproximadamente, la cuarta planta.La querella criminal se basa en las diversas sentencias judiciales que a lo largo de los últimos años les han ido dando la razón, la primera de ellas la que a principios de 2020 declaró nula la ruina inminente de la cubierta de Santa María, número 8.En el escrito que han presentado al Juzgado de Instrucción Decano de Burgos, el letrado desgrana las vicisitudes por las que ha pasado  la familia Fuentes Santamaría, entre ellas el precintado de un piso que adquirieron en 1961. Los propietarios señalan como responsables de un presunto delito de prevaricación administrativa  a empleados públicos de las secciones de Licencias y de Fomento, en concreto al técnicos Raúl G. V., a la jefa de la sección de Obras, Marta V, R., y al gerente de Fomento, Carlos J. H.C.SENTENCIA DE 3 DE FEBRERO DE 2020.  El escrito de presentación de la querella resalta que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1, de Burgos, falló en relación a la ruina parcial del tejado advirtiendo que el Ayuntamiento «se extralimitó» en cuanto a la aplicación de la Ley de Urbanismo y considerando «arbitraria» la resolución de ruina inminente que pretendía decretar la demolición parcial del tejado.RUINA SIN VISITA DEL TÉCNICO. Uno de los razonamientos claves de la defensa porque lo considera «una actuación contraria a derecho» es que el técnico denunciado emitió un informe sobre el estado del inmueble sin verlo personalmente. «Es obvio que no se puede declarar en ruina una propiedad sin verla previamente», se indica, a la vez que se añade que ninguno de los técnicos municipales rectificó su criterio durante estos años. Siguiendo esta argumentación, se explica que la sección de contratación del Ayuntamiento, cuando trató de sacar adelante la ejecución subsidiaria del proyecto de derribo de la parte del tejado afectada por la declaración de ruina, eliminó a un licitador por no haber visitado la buhardilla.SIN RESPUESTA A LAS ALEGACIONES.  Relata la querella que los técnicos municipales se saltaron un trámite y plazo esencial de cualquier procedimiento administrativo, como es la oportunidad de contestar a las alegaciones presentadas por las partes en el momento de promover la ejecución subsidiaria del proyecto de derribo. En concreto, explica que la familia Fuentes Santamaría presentó alegaciones al Ayuntamiento el 5 de febrero de 2018 y uno de los querellados dicta resolución el 7 de febrero desestimando alegaciones, pero no las presentadas el 5 de febrero, cuando todavía no había concluido el plazo para hacerlo.PLANTA CUARTA VERSUS PARTE DEL TEJADO.  Los damnificados explican que durante el procedimiento los técnicos municipales han tratado de negar que la propiedad fuera una cuarta planta del inmueble y manifestaban que se trataba de una parte del tejado. «Es una mentira presuntamente constitutiva de prevaricación, porque el Ayuntamiento y los técnicos saben que no es así», recoge el escrito presentado al juzgado. Así, aportan como prueba la ficha 173 del inventario de edificios protegidos del Plan General de Ordenación Urbana, en el que se describe el inmueble como «alturas 4+A». También completan la querella con los recibos de IBI y basuras que han pagado durante todos estos años como cuarta planta izquierda y no como una buhardilla o parte del tejado, que supondría haber abonado menos dinero al Ayuntamiento.IMPULSO AL DERRIBO Y NO A OTRAS DENUNCIAS. Los querellantes observan que los técnicos implicados dieron un impulso al procedimiento de derribo, que no se ha dado en otros casos, como es una denuncia «por obras ilegales», realizadas por el propietario del 90% del inmueble de la plaza de Santa María, en el portal por el que se accede al Restaurante Mesón del Cid. EXACCIÓN DE IMPUESTOS. Este segundo delito se atribuye a los funcionarios que exigen a los administrados y ciudadanos derechos que, a sabiendas, conocen que no les corresponde pagar. En este caso concreto, los demandantes tuvieron que abonar 988,69 euros correspondientes a la parte proporcional del coste técnico del proyecto técnico para la ejecución del derribo y reconstrucción del tejado del edificio en cuestión.TSJ , JUNIO 2021. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la sentencia en primera instancia en relación con la situación de la cuarta planta del edificio de la plaza de Santa María, número 8. Concretamente avala la decisión del juez en la que se indicaba que no existe ninguna razón jurídica que posibilite denegar la licencia de obra solicitada e insiste en que no se puede considerar que este último piso esté fuera de ordenamiento. Ahora los dueños, que ya han podido volver a entrar en su propiedad, esperan acometer las obras para adecentar la cuarta planta.