El Correo de Burgos

El bipartito critica a De la Rosa «por judicializar la vida política», tras los reproches del pasado

Ballesteros afirma que un informe de secretaría municipal avaló la delegación de competencias a los concejales en materia de las ayudas directas de Servicios Sociales

Un momento del Pleno municipal del Ayuntamiento de Burgos.

Andrea Ballesteros, portavoz del grupo municipal popular, en una intervención en el último Pleno.© Tomas Alonso

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El equipo de Gobierno de Partido Popular y Vox ha criticado la decisión del grupo municipal socialista de llevar al Contencioso-Administrativo la delegación de competencias relacionadas con las subvenciones directas en la Gerencia de Servicios Sociales. «Cuando estaban ellos gobernando (por el PSOE) repetían mucho que no había que judicializar la vida política y en poco más de cuatro meses presentan una demanda», afirmaba la portavoz del PP, Andrea Ballesteros.

De esta manera, ha contestado la popular al exalcalde Daniel de la Rosa que este miércoles informaba de que el juzgado ha admitido a trámite la demanda presentada recientemente. El líder de la oposición explicó que, entre junio y julio de este año, se tomaron acuerdos en la Junta de Gobierno atribuyendo competencias a los presidentes de los consejos e incluso a los concejales delegados que pertenecen a los consejos de administración.

El recurso al juzgado de los socialistas tiene que ver específicamente con la Gerencia de Servicios Sociales, que gestiona un buen número de ayudas directas y de convenios con asociaciones y entidades burgalesas.

Desde el punto de vista del bipartito de PP y Vox, «es una decisión política» establecer las competencias de los presidentes de los consejos de administración y de los concejales delegados y, por tanto, Ballesteros entiende que está dentro del marco legal. Pero para justificar sus palabras aludió a un informe «exhaustivo» que ella misma solicitó, como presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, a la secretaría municipal tras el Pleno de julio en el que ya el PSOE protestó por esta modificación de competencias. 

En aquel debate plenario, los socialistas pidieron una rectificación a través de una proposición y acusaron a los corporativos popular de «despotismo».

La portavoz concreta que el informe se emitió el 5 de octubre y que la oposición ya lo conocía. La conclusión es que la delegación aprobada en Junta de Gobierno a favor de las presidencias de los órganos municipales «fue correcta» por tratarse de una competencia propia de las consideradas delegables «y efectuada en el marco de la estructura flexible que quiso darse a todos los estatutos de los consejos y organismos municipales».

Según plantea Ballesteros, «cada equipo de gobierno en su momento decide cómo gestionar dentro del marco de la legalidad sus competencias y lo ejerce como lo considera mejor». El bipartito de Ayala asegura que esta fórmula de trabajo «es mejor, porque permite agilizar los convenios que son subvenciones directas». Ballesteros ponía como ejemplo que entre el viernes y este jueves ha firmado más de 20 convenios con entidades que no dejan de ser prórrogas de convenios que se renuevan con periodicidad y añade que se agiliza el pago a las entidades.

PP y Vox tienen sobre la mesa una posible modificación de los estatutos de la Gerencia de Servicios Sociales, puesto que los actuales datan de 2012, en los que se estudiará modificar la atribución de competencias del consejo en favor de la presidencia.

Por último, la portavoz del PP expresó también que al principio del pasado mandato del PSOE, en 2019, también se hizo esa delegación de competencias que ahora denuncian como ilegal.

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