Burgos reactiva el proyecto para construir una red de calor en Gamonal

El bipartito de PP y Vox ha «desatascado» varios asuntos en la que será una de las últimas juntas de Gobierno de 2023 «derivados de la mala gestión socialista», según las palabras de la portavoz municipal, Andrea Ballesteros.

Entre ellos, se ha abordado la continuidad del contrato para adjudicar la red de calor de Gamonal, la rescisión del contrato de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la encomienda a la Somacyl del Ecoparque de Cortes.

En relación con el proyecto de la red de calor, que supondrá una inversión en la ciudad de 70 millones de euros y la creación de 100 puestos de trabajo, la concejala popular ha indicado que la alcaldesa, Cristina Ayala, ha impulsado esta actuación que se quedó el pasado febrero «metida en un cajón».

El paso dado en la última reunión de los concejales de la coalición ha sido admitir a trámite el recurso de una de las dos empresas que se presentó al contrato de concesión administrativa.

Burgos Eco Energías S.L. reclamó el reconocimiento al derecho de tanteo, puesto que fue la impulsora del proyecto para construir una red de distribución de energía térmica, que contempla dar servicio a 25.000 viviendas, así como al polígono Burgos Este. El derecho de tanteo quiere decir que esta firma tiene opciones de quedarse con la cesión siempre que iguale la mejor oferta que se presente a los pliegos.

El recurso presentado estaba sin contestar desde el pasado mandato y Ayala «dio la orden» para que el área de Ingeniería Industrial abordase la contestación del recurso. Así, el siguiente paso será modificar los pliegos de la concesión para introducir el derecho de tanteo para que se pueda reanudar el procedimiento de adjudicación.

El Ayuntamiento de Burgos optó por la modalidad de gestionar este contrato como una concesión demanial con una explotación durante 35 años. El proyecto lleva aparejado la construcción de una planta de generación de energía, así como unos 20 kilómetros de red para llevar el suministro a viviendas, empresas y también edificios públicos como bibliotecas, el mercado del G-9 o las piscinas del Silo y centros escolares.

Sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), se ha autorizado el inicio de la liquidación del contrato de las obras a raíz de la sentencia que declaró nulos los pliegos.

El equipo de Gobierno configuró un grupo de trabajo para tratar de reducir el impacto económico en las arcas municipales de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2.

El presidente del Servicio de Movilidad y Transportes, el concejal popular, José Antonio López, calculó hace unas semanas que el Ayuntamiento podría enfrentarse al pago de 1,2 millones de euros, una cantidad a la que habría que sumar el lucro cesante de la empresa que resultó adjudicataria, Etralux, como consecuencia del beneficio que dejó de percibir por no ejecutar las actuaciones previstas.

Encomienda a Somacyl

Por último, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la encomienda de gestión del Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes a la Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl). Todavía no se puede concretar el plazo en el que se producirá ese cambio de gestión, ya que falta el informe del área de Intervención.

Esta encomienda de gestión consistiría en que la empresa pública de la Junta de Castilla y León adelante la cantidad necesaria para acometer la inversión necesaria en el Ecoparque y la ciudad la iría abonando a lo largo de los próximos 15 años. Además de hacerse cargo de las mejoras, esta empresa se responsabilizará de la gestión del conjunto y del personal.

El Ayuntamiento de Burgos ha previsto destinar 3,7 millones de euros anuales a esta fórmula y a lo largo de los 15 años se abonarían 55,5 millones de euros, de los cuales 25 son para materializar las inversiones. Desde el bipartito, no se ha aclarado si esta actuación conllevará la subida de la tasa de basuras a lo largo del próximo ejercicio 2024.