Uno de cada dos empresarios locales se llevaría fuera sus nuevos negocios

Un tanto ‘enrarecido’ se encuentra el clima empresarial burgalés a tenor de las conclusiones del informe semestral elaborado por FAE sobre la evolución de la actividad y las perspectivas de futuro de los negocios de la provincia. Más allá del balance de los resultados económicos de 2023 y del empleo generado, la patronal tanteaba en esta ocasión la fidelidad de los consultados por el territorio en el que se asientan y la respuesta obtenida resultaba reveladora: «Aun cuando la mitad volverían a apostar por Burgos para instalar sus próximas empresas, cabe destacar como aspecto negativo que el 50% restante preferiría invertir fuera».

Así lo trasladaba, en la presentación de las conclusiones del denominado Índice de Confianza Empresarial, el vicesecretario general de FAE, Íñigo Llarena, para incidir en que lo más sorprendente es «que nadie elegiría la Comunidad de Madrid para su expansión».

De las cinco opciones que brinda la encuesta, alternativas a mantenerse en la provincia, la de crecer en el extranjero recibía una cuarta parte de los votos. El 11% abriría nuevos negocios en el País Vasco, un 8% en otros lugares de España y el 5% en otra zona de Castilla y León.

Acompañaban a Llarena la secretaria general de la patronal, Emiliana Molero, y el tesorero de FAE, Ignacio San Millán, que trataban de desentrañar las razones de este potencial éxodo empresarial.

San Millán consideró determinante «el problema que tiene Burgos con las infraestructuras». Afirmaba al respecto que «los costes logísticos pesan mucho en la instalación de una empresa», por lo que el abandono de las conexiones por ferrocarril y por autovía (con proyectos inacabados sin visos de culminar, como los enlaces con Cantabria o La Rioja) se revela en efecto un lastre para el desarrollo de la provincia.

También apuntaba a la falta de mano de obra cualificada para cubrir los puestos específicos que ofrecen las empresas y a las normativas nacionales y europeas que, a su juicio, restan competitividad. «Aquí los costes se nos están disparando», lamentaba.

Al hilo, Molero ponía el foco en la incidencia de la legislación en materia laboral: «Las recientes reformas se han llevado a cabo sin contar con la patronal. Demandamos seguridad jurídica, no es un capricho. Las empresas necesitan conocer las reglas de juego, y que estas sean estables, para invertir». Dos de cada tres, de hecho, temen que haya nuevos cambios a corto plazo.

De vuelta a la mencionada encuesta, las respuestas obtenidas también indican que el 60% de los consultados iniciaban el año con «normalidad» en su cartera de pedidos. En el 20% de los casos la situación era buena o muy buena y en el otro 20%, el volumen era bajo o muy bajo. En este ámbito, la industria arroja peores datos que la agricultura y la construcción. No obstante, uno de cada tres negocios no se ha planteado de momento ninguna medida especial para paliar la escasa demanda y el 80% considera que en pocos meses se solucionará, pues lo achaca al enfriamiento de la economía y al descenso del consumo.

Respecto a las preocupaciones generales, más allá de las señaladas por los representantes de FAE, las empresas burgalesas manifiestan su inquietud por nuevas reformas fiscales, el IPC, el absentismo y la geopolítica.

Las radicadas en la capital burgalesa identifican como dificultades añadidas la lentitud de los trámites administrativos municipales, el aumento de la presión fiscal y la recogida de basuras.