El Correo de Burgos

La Junta abre un expediente sancionador a las clarisas por criar perros sin permiso

La Protectora de Animales de Burgos inicia una campaña para exigir el cierre inmediato del negocio ilegal. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello descarta la «raíz» económica del problema en Belorado. «Por un edificio no se llega a negar el Concilio Vaticano II», afirma

Sor Sión y otra hermana de Belorado junto a varios cachorros en una clínica veterinaria.

Sor Sión y otra hermana de Belorado junto a varios cachorros en una clínica veterinaria.ECB

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Como los panes y los peces a manos de Jesús, a las clarisas de Belorado se les multiplican los problemas. Y es que la Junta de Castilla y León tiene abierto un expediente sancionador a la comunidad por albergar en el monasterio un criadero ilegal de perros. El procedimiento, actualmente en periodo de alegaciones, nace tras confirmar que se lleva a cabo esta actividad sin disponer del permiso necesario como núcleo zoológico.

La investigación efectuada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se remonta a hace más de un año, pues sus efectivos se personaron en el convento en febrero de 2023, tras varias quejas de los vecinos de la zona a causa del ruido provocado por los animales. 

No obstante, la repercusión de la reciente y polémica salida de la Iglesia de las religiosas ha servido a la Asociación Protectora de Animales de Burgos (Proanbur) para iniciar una campaña en redes sociales que insta a presionar para que los canes salgan cuanto antes del cenobio. Llaman además a sus seguidores a enviar mensajes a las distintas cuentas gestionadas por las clarisas para reclamar el cierre de este «negocio paralelo». «Las hemos escrito para mostrarles nuestra desaprobación», afirman, para clamar que «no todo vale por dinero».

«Nos consta que ahora mismo tienen más de 20 animales», explica Judith Sánchez, voluntaria de la agrupación que reclama la retirada inmediata de los perros, con independencia de los plazos administrativos, que suelen dilatarse en estos casos y permiten que se mantenga la actividad pese a tener constancia de su ilegalidad. Tanto fuentes de la Guardia Civil como la representante de la entidad local coinciden en destacar que la irregularidad cometida por las monjas es meramente burocrática, pues las instalaciones cumplen con los requisitos exigidos para garantizar el bienestar animal.

Con todo, lo constatado es más que suficiente para que haya que desmantelar el criadero en cuestión. Según relata Sánchez, hace ya muchos meses que Proanbur supo de su existencia y conoció que las clarisas vendían cachorros por internet, algo prohibido y más perseguido aún en la actualidad con la reciente Ley de Bienestar Animal. «Nos comenzaron a llegar mensajes, pero no podíamos corroborarlo», añade.

Fue a raíz del mediático cisma, y las informaciones sobre los negocios de las religiosas, cuando entraron en contacto con varios vecinos de Belorado que confirmaron punto por punto sus sospechas. «Cuando tienes un criadero debes pedir la licencia medioambiental municipal para, una vez obtenida, remitirla a la Junta y que te conceda el permiso de núcleo zoológico. El Ayuntamiento antes de dar paso alguno sacaba esta petición a consulta pública y varios vecinos se negaron por las molestias que podía ocasionar» y, fundamentalmente, porque es una actividad que no puede desarrollarse en área urbana, explica la representante de Proanbur. Las clarisas obviaron la denegación de su solicitud y siguieron con la cría de perros.

Aunque las monjas no publicitan tan lucrativo negocio, sí que publicaron en su momento fotografías que las ‘delatan’. En ellas, ya en septiembre de 2022, posan con varios cachorros -hasta siete ejemplares diferentes de razas distintas, todas comerciales- en una clínica veterinaria que recomiendan como su servicio de confianza.

Declaraciones del arzobispo de Valladolid

Por otra parte, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, abordaba ayer el cisma protagonizado por la comunidad de Belorado y aseguraba que «la raíz» de la situación que se vive en el convento «no tiene principalmente que ver ni con los inmuebles ni con lo económico», aunque el «detonante de la situación final haya podido ser ese». «Por un edificio no se llega a negar el Concilio Vaticano II y todos los papas posteriores, en los que han hecho su propia profesión religiosa», valoró.

Recordó que España llegó a albergar un tercio de los monasterios de monjes y monjas de clausura de todo el mundo. Preguntado sobre si se están estudiando más medidas para afrontar esta situación, respondió que «lógicamente», si bien repitió que «la responsabilidad directa es del arzobispo de Burgos y de la santa sede». «Los monjes y monjas tienen una autonomía grande y a veces su responsabilidad es con el obispo del sitio más el abad o abadesa general de la orden religiosa y del dicasterio romano, del papa a través del dicasterio de la vida consagrada y sociedades de vida apostólica, que son quienes realmente deberán tomar las medidas de tipo canónico que tengan establecidas. No la Conferencia Episcopal. El presidente de la Conferencia Episcopal no es el jefe de la iglesia en España», sentenció.

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