Zona de Bajas Emisiones de Burgos: Ayala mantendrá la superficie de «mínimos» pactada con Vox

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Burgos se quedará limitada a poco menos de 500.000 metros cuadrados con 98 calles afectadas. La salida del grupo municipal de Vox del equipo de Gobierno de Cristina Ayala no traerá consigo cambios en el planteamiento del área afectada por las limitaciones al tránsito de vehículos.

Ambos grupos políticos definieron su propuesta como de «mínimos» y si bien fueron los concejales de la formación verde los que impulsaron un importante recorte en el perímetro acotado, con respecto a la idea sostenida por el PSOE en el anterior mandato (con la complicidad de Ciudadanos), desde el área de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos descartan cambiar una coma a estas alturas.

«Nosotros también sostenemos que queremos causar las menores molestias a los burgaleses», asegura el edil José Antonio López (PP), que recientemente firmó la solicitud de prórroga para aplazar seis meses más la entrada en vigor de las limitaciones, previstas para el 1 de enero de 2024.

Está a punto de terminar el año de gracia concedido, en cuanto que debió ser en enero de 2023 cuando el proyecto se pusiera en marcha en Burgos, como una de las ciudades de más de 50.000 habitantes que debía implementar restricciones al tráfico, de acuerdo a la Ley de Cambio Climático.

En todos estos meses, PP y Vox iniciaron de cero una nueva definición del perímetro afectado, que se quedó en un tercio con respecto a la propuesta anterior. Por tanto, de dos millones de metros cuadrados con limitaciones, se pasó a 450.000 metros cuadrados actuales. A la vez se redactó y aprobó el pasado julio de manera definitiva la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, tras desestimar 40 de las 41 alegaciones presentadas.

También el pasado verano se puso en marcha el proceso de licitación de las obras para instalar los elementos de control de tráfico y vigilancia y, tras la adjudicación, ya está firmado el contrato, se formalizó a 29 de octubre, con la empresa Etralux para que se encargue de las actuaciones por valor de 3.500.478,58 euros.

Las obras no se han iniciado todavía, pero no se aplazarán mucho más, en estos días se ha aprobado el plan de seguridad y salud, como ha informado a este periódico el edil responsable del Smyt.

La citada firma tiene ocho meses para desarrollar el contrato. Si se considera que el tiempo empezó a correr desde noviembre, se cumpliría en el mes de julio el plazo marcado para su finalización. Sin embargo, se trataría de agilizar todo lo posible para no alargar más ese comienzo en la aplicación de la ZBE, de hecho, si el Gobierno de Pedro Sánchez concede seis meses de prórroga, el tiempo de demora finalizará en julio de 2024.

La concesión de este nuevo periodo de margen sería a estas alturas vital, ya que el desarrollo del proyecto de la ZBE obtuvo fondos europeos, hasta 2,6 millones de euros, que llegaron en el pasado mandato de los socialistas al frente del Ayuntamiento de Burgos. A través de esa cantidad, se financiaron obras de peatonalización en Gamonal, ya finalizadas, pero queda por justificar la parte correspondiente a la instalación de los sistemas de control de tráfico, actuaciones que costarán la nada desdeñable cantidad de 3.5 millones de euros, con impuestos incluidos.

31 puntos de control

En cuanto a las actuaciones a desarrollar por Etralux en los próximos meses, destaca la creación de 31 puntos de control del tráfico, dotados de 36 cámaras capaces de leer las matrículas (tanto delanteras como traseras) con las que se contrastará si los vehículos que entran a la zona delimitada cuentan con el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico. Así, viene recogido en el proyecto de obras que salió a licitación, aunque en un principio se había hablado de 22.

A la hora de negociar la Zona de Bajas Emisiones, la premisa de Vox fue no limitar la libertad de movimientos de los ciudadanos con sus vehículos particulares. Los populares interiorizaron este mensaje y, después, de poner en marcha toda la tramitación antes comentada, no se prevé incumplir lo acordado, pese a que los cuatro ediles de Vox ya han iniciado su andadura fuera del Gobierno de Ayala.

López asegura que tampoco se plantean variaciones con respecto a lo pactado en relación con el plazo de demora para multar a quienes se salten la ZBE, es decir que circulen con los vehículos de mayor antigüedad, los que no podrían acceder siquiera a la etiqueta ‘B’ de la Dirección General de Tráfico. Este distintivo es el mínimo exigido, de acuerdo al proyecto aprobado en la época del bipartito. Así, si en un principio se preveía que durante los primeros seis meses no se sancionaría, los ediles de Vox introdujeron un incremento de ese plazo hasta los 18 meses, por tanto, un año y medio después de la entrada en vigor de las restricciones al tráfico.

De acuerdo al régimen sancionador de la Ley General de Tráfico, la multa máxima será de 200 euros en la capital burgalesa.

La Ley de Cambio Climático desarrolló la necesidad de crear Zonas de Bajas Emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, con el objetivo de impulsar la descarbonización de la movilidad urbana y potenciar el uso del transporte público urbano, frente al vehículo particular.