El Correo de Burgos

López reconoce que debió ser «más diligente» con las penalidades a la empresa de las tarjetas del bus

Descarta dimitir y se apoya en el informe realizado por la Secretaría Municipal, que ahora pasará a la inspección de servicios del Ayuntamiento de Burgos, que determinará las consecuencias

El concejal de Movilidad, José Antonio López, en el pleno del pasado octubre cuando el PSOE pidió una comisión de investigación sobre Prepay.

El concejal de Movilidad, José Antonio López, en el pleno del pasado octubre cuando el PSOE pidió una comisión de investigación sobre Prepay.SANTI OTERO

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El presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes, José Antonio López (PP), ha reconocido que debió ser «más diligente» en la tramitación del expediente de penalidades abierto contra Prepay, la empresa encargada de recaudar el dinero de las tarjetas de autobús municipal, que adeuda a las arcas municipales la cantidad de 855.000 euros. Aquel expediente se abre a partir del mes de abril, cuando los impagos ascienden a más de 500.000 euros y caducó sin que la empresa presentase alegaciones.

En relación con esa falta de diligencia, el edil del PP justifica que se tenía el temor desde los servicios técnicos de que «si imponíamos esas penalidades, la empresa podía ir a quiebra». La propuesta de penalidades por incumplimiento de contrato asciende a 533.368,50 euros.

López descarta dimitir por este asunto. «Lo he dicho por activa y por pasiva, no, no pienso dimitir», han sido sus palabras tras dar a conocer las conclusiones de una investigación interna realizada por la Secretaría Municipal, en la que se pone de manifiesto que siquiera se debió firmar el contrato actual en enero de 2024, tras la decisión tomada en un consejo de administración de diciembre de 2023.

El vicesecretario, que rubrica el informe, concreta que la firma zaragozana ya entonces acumulada «varias liquidaciones pendientes al Ayuntamiento», una circunstancia de la que no se advirtió al Consejo de Administración, órgano de gobierno que cuenta con cuatro representantes del grupo del Partido Popular, cuatro del PSOE y uno de Vox.

López ha expuesto que en esas conclusiones que desde el primer contrato con Prepay Technologies (2019-2021) para la recarga y venta de las tarjetas de autobús, se consolidó una situación de hecho de incumplimientos de los plazos para efectuar las liquidaciones. «A falta de reacción -ni consta ni se ha alegado- por parte del Smyt esta situación fue a más y se agravó y lo que inicialmente fueron unos pocos días de demora en el ingreso de las recaudaciones quincenales, llegarían hasta los 547.650 euros, que se adeudaban a fecha de diciembre de 2023», recoge el informe, una fecha en la que ya se había dado el visto bueno del consejo a la adjudicación del contrato.

Recalca el concejal que del informe se extrae que no ha habido ninguna «connivencia» entre el Smyt y la empresa y de los informes de responsables técnicos de Movilidad se indica que la «inacción» se debe al temor a que se interrumpiera el servicio de recarga de tarjetas, y las consecuencias que eso produciría, de las que alerta la jefe de tráfico, que en otro momento indica también la carga de trabajo existente en el área porque están sin gerente desde agosto de 2022 y existen varias vacantes de personal técnico.

En otro de los apartados, se indica que es en abril, a raíz del hackeo que sufre la empresa, cuando se toma conciencia del grave problema existente.

López ha informado de las diligencias realizadas hasta este momento, cuando ya, desde el 11 de noviembre, se acordó la resolución del contrato y ha indicado que desde que entró el administrador concursal en el proceso están llegando los pagos de las recargas efectuadas desde septiembre. Otro asunto será recuperar la cantidad adeudada en ese proceso concursal que todavía no ha entrado en fase liquidatoria.

El informe del vicesecretario será remitido ahora a la inspección de servicios del Ayuntamiento, que deberá determinar las consecuencias sobre la información recabada.

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