El PSOE se aferra a su ordenanza de terrazas y plantea reforzar Licencias para desatascar los permisos cuanto antes

El PSOE se aferra a la ordenanza de terrazas elaborada durante su mandato y culpa al actual equipo de Gobierno de los problemas que han soliviantado a los hosteleros. El edil socialista Julio César Arnaiz aseveraba que el texto cuestionado ahora por el PP -que nunca votó en contra cuando tuvo ocasión- es "legal, jurídicamente exacto, tiene una buena estructura y un contenido ordenado". 

Rechazaba, pues, la propuesta del equipo de Gobierno de modificar la norma y vinculaba la situación a la falta de "planificación y de tutela" de los responsables políticos del área. Contestaba así a la alcaldesa, Cristina Ayala, que achacaba a la complejidad del documento la 'crisis' surgida. 

Arnaiz consideraba que, llegados a este punto de "caos", la solución más rápida pasa por reforzar Licencias con personal suficiente como para dar salida a las solicitudes de terraza pendientes de informe y descartaba la alternativa que mañana trasladará al Pleno el PP de modificar la ordenanza, pues el procedimiento que requiere alargará mucho más el desenlace demandado por los afectados. "Tengamos un poco de paciencia, dejemos trabajar a los técnicos municipales y si la alcaldesa realmente quiere poner solución que se deje de acciones declarativas huecas, absurdas, que lo que buscan es únicamente echar la culpa al PSOE", indicaba.

Y es que a juicio de los socialistas ese es el único fin de Ayala con la citada proposición al tiempo que distraer la atención de la "mala gestión" que se ha hecho: "No se ha previsto cómo iba a asumir el servicio este momento de estrés puntual y estas son las consecuencias", subrayaba, para recordar que han tenido nueve meses para organizarse.

En ello abundaba Dolores Ovejero. La concejal reclamaba "que cada uno asuma las responsabilidades que les tocan" y veía la postura de Ayala como una respuesta precipitada a las quejas de los empresarios del sector. Insistía en la postura del principal grupo de la oposición al asegurar que "la única solución posible ahora es poner más personal para acabar con un embrollo" que, a su juicio, también ha alimentado la falta de diálogo para generar "seguridad".

Al hilo y sobre la gestión previa de la ordenanza, lamentaba además la edil que la comisión de Licencias, presidida hasta hace semanas por el representante de Vox Ignacio Peña, rechazar la petición socialista de enviar una carta a cada hostelero sobre el procedimiento, una vez comenzó el plazo para presentar las solicitudes de permiso. "Son 700, se podría haber hecho y no quisieron", reveló.

El secretario municipal concluye que suprimir el régimen sancionador vía Pleno "no es jurídicamente posible"

Así, todo apunta a que el PSOE votará en contra de la propuesta del PP en el Pleno, si finalmente tiene lugar el debate, máxime cuando ha dado a conocer que el propio secretario municipal ha considerado que su planteamiento "no es jurídicamente posible". 

En concreto, la resolución emitida esta mañana, en respuesta a la consulta formulada por la regidora sobre "la posibilidad de suspender mediante un acuerdo plenario la ordenanza de terrazas o su régimen sancionador", determina que "no es jurídicamente posible la aprobación, modificación, suspensión o derogación de una disposición reglamentaria, o parte de la misma, sin seguir el procedimiento legalmente previsto, que implica, incoado el correspondiente expediente, la aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento, la apertura del trámite de información pública por 30 días, la resolución, en su caso, de las reclamaciones o sugerencias presentadas, su consiguiente aprobación definitiva y posterior publicación para su entrada en vigor". 

El portavoz socialista, Daniel de la Rosa, que recordaba que ya en la junta de portavoces celebrada el lunes el secretario se manifestó verbalmente en esta línea, daba a conocer el contenido de este informe en redes sociales y exigía la retirada de la proposición del PP del orden del día.

A la intención de suspender el régimen sancionador en concreto se refirió también Julio César Arnaiz, que la consideraba "una temeridad". Explicó que sin ese contenido la norma carece de sentido y de efecto, para opinar que las multas contempladas en este caso están en la línea de otras del país, siendo "incluso más laxas que muchas ordenanzas nacionales". "Cobrar 3.000 euros a quien ha extendido su negocio privado en un espacio público, sin permiso y sin pagar, siendo reincidente y con avisos previos no me parece excesivo", apostilló.