Ayala: «Solo modificar la ordenanza de terrazas resolverá el problema»

Cristina Ayala planteará al Pleno municipal de este viernes una proposición firmada por su equipo de Gobierno para suspender el régimen sancionador de la actual ordenanza de terrazas o bien cambiarla. Según sus propias palabras, «solo la modificación de la ordenanza de terrazas resolverá el problema». 

La primera edil tomó el protagonismo para presentar en solitario el planteamiento del Partido Popular, en el que busca el apoyo de alguno de los dos grupos de la oposición, PSOE y Vox, para resolver la crisis abierta con la hostelería que hace una semana amenazaba con la huelga.

Los cambios que pretende introducir el equipo de Gobierno van en la idea de flexibilizar las condiciones para instalar los veladores, es decir, que sean menos restrictivos, reducir la complejidad de la tramitación de las solicitudes de autorización y relajar el régimen sancionador de la actual.

La crisis abierta con la hostelería tiene que ver con los retrasos que acumula el Ayuntamiento para tramitar las autorizaciones que presentaron hace meses, así como por las inspecciones de Policía Local que han comenzado a levantar actas de infracción una vez que la ordenanza entró en vigor. Esta situación ha hecho mover ficha al equipo de Gobierno.

El sector de profesionales venía reivindicando una nueva moratoria en la aplicación de la ordenanza mientras se resolvían las autorizaciones pendientes y reclamaba que se abordase este asunto en el Pleno municipal previsto para este viernes. Sin embargo, ya el PP venía advirtiendo que no veía claro el asunto de esta nueva ampliación de plazo y Ayala corroboró esta idea para asegurar que la ordenanza municipal de terrazas aprobada por el anterior equipo de Gobierno, PSOE y Ciudadanos, en abril de 2023 «es de imposible aplicación».

La propuesta del PP lleva dos acuerdos, el primero de ellos plantea la suspensión del régimen sancionador de la normativa actual, como salida de emergencia, mientras se redacta un nuevo texto. En esta línea, recordaba que es «desproporcionado», por ejemplo, multar con dos años sin poner terraza al hostelero.

Sin embargo, los informes de los jurídicos municipales dejan entrever que no sería factible esta opción, según ha dado a conocer el líder de la oposición, el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa. «Estamos esperando a tener ese informe que diga lo que proceda», replicó, por su parte, la alcaldesa. Pero de corroborarse esta circunstancia, de nuevo la primera edil asegura que la opción más factible es reformar la normativa.

Problema heredado

Desde el punto de vista del equipo de Gobierno, su propuesta pretende solucionar un problema que se creó en la anterior legislatura, cuando aprobó en Pleno, un 21 de abril de 2023, a escasas semanas de las elecciones municipales, una normativa que ya partía con bastantes interrogantes.

Ha recordado que con PP y Vox en el Ayuntamiento se ha modificado en dos ocasiones primero por el error jurídico de establecer que el silencio administrativo era positivo, cuestión que dio lugar a una primera moratoria y después a una segunda para gestionar las autorizaciones presentadas que llegaron a 628. Al final, asegura Ayala que la ordenanza se puede considerar que ha entrado en vigor de manera definitiva este mismo noviembre, que es cuando los hosteleros empiezan a mostrar malestar. Así, dio a conocer algunos datos, facilitados por el área de Servicios, ya que de esas 628 apenas el 13% de las solicitudes, 82, han podido ser informadas favorablemente. 

«Hay un problema de aplicación normativa, insisto», añadió en una comparecencia de prensa en la que indicó que a los hosteleros se les pide mucha más documentación, más compleja, y que el Ayuntamiento tiene que reaccionar y contestar.

Por tanto, entiende que ambos extremos de la cadena están «sobrepasados», a la vez que ha corroborado, como dijo Vox la semana pasada, que solo una persona de licencias está informando sobre las 628 solicitudes que llegaron entre mayo y junio.

Con respecto al silencio administrativo positivo, «que va contra la ley porque en las autorizaciones en suelo público en cuanto que constituyen nuevos derechos son siempre negativas» ha señalado que se interpretó como un error jurídico, pero de manera irónica, insinuaba que no responder y que el silencio fuera positivo hubiera sido la solución a todos estos problemas que se han visto a posteriori.

De salir adelante en el Pleno, la vía de la modificación Ayala se apresurará a tener un nuevo texto consensuado con todas las partes en el plazo más breve posible y agenda las primeras reuniones para el 27 de diciembre. «Nosotros como equipo de Gobierno somos absolutamente favorables a que haya más terrazas, bien es cierto que hay que compatibilizar esa posibilidad con el uso del suelo público», concreta.

Y si es viable la suspensión del régimen sancionador, la alcaldesa asegura que la labor de vigilancia de la Policía Local se pararía, aunque ha recordado que los agentes «solo están haciendo su trabajo en el cumplimiento de una normativa vigente».