Acreditan que "no hubo impagos ni deuda" durante el primer contrato con Prepay

Los dos expresidentes del Servicio de Movilidad y Transporte entre 2018 y 2021, el 'popular' Jorge Berzosa y el socialista Josué Temiño, aseguraban ayer que durante su mandato en el área citada "no hubo impagos, retrasos ni deuda" por parte de la empresa Prepay, responsable de la gestión del sistema de recarga del bonobús y de la recaudación. Lo mismo indicaron la exgerente del SMyT y la actual jefa administrativa, que también lo era entonces, para atribuir los posibles desfases entre el calendario marcado y el abono efectivo, interpretados como retrasos en la indagación interna encargada por Ayala, se deben a la "propia metodología de abono impuesta" por el Ayuntamiento. 

"Prepay tenía que emitir una factura proforma que no se elevaba a definitiva hasta que los funcionarios la daban el visto bueno definitivo. Era en ese momento cuando se registraba su entrada formal, pero no significa que no hubiera llegado en plazo, que lo hacía", detallaba Nuria Barrio, representante del PSOE en la citada comisión, que concluía al término de la sesión que "ha quedado desmontada la estrategia del PP de mirar atrás".

En concreto, la jornada se centró en analizar lo ocurrido con el primer contrato con Prepay, en vigor entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022. Al no activarse la prórroga de dos años contemplada, mediaron después fórmulas transitorias -un contrato puente menor y reconocimientos extrajudiciales de crédito- hasta el acuerdo actual, rubricado por el edil en activo José Antonio López, que se resolvía de forma abrupta al quebrar la compañía, que ya adeuda casi un millón de euros a la ciudad.

Esa etapa intermedia se analizará el próximo 5 de marzo, en una reunión a la que están citados de nuevo la jefa administrativa del SMyT, el que fuera responsable político del mismo en aquel momento, Leví Moreno, y representantes de la propia empresa, que aún no han confirmado su asistencia.

Barrio auguraba que, por lo respondido ya en la cita de ayer, pocas novedades acarreará la siguiente, pues "aunque el PP se empeñe en dudar sobre las gestiones efectuadas, la funcionaria ya ha adelantado que el contrato puente por el que se optó es una fórmula habitual en estos casos, incluso más recomendable que el reconocimiento extrajudicial de crédito".

Así, a juicio de la concejal socialista la defensa del equipo de Gobierno de Ayala ha perdido todo su argumentario, pues los testimonios coinciden que "en el pasado no hubo problemas". "Buscan emborronar y expandir responsabilidades, han apostado por la táctica de tinta de calamar", lamentaba, para instar a poner el foco en el presente, "que es donde están los problemas, según ha quedado ya acreditado".

Indicaba además Barrio que la sesión de ayer servía además para constatar el férreo compromiso de ambos presidentes, Berzosa y Temiño, con el servicio y con su labor en él. "Ya no es que la estrategia no les funcione, es que se les ha vuelto en contra, pues se ha podido comprobar la entrega de ambos, ya que trabajaban mano a mano con los técnicos, a diario, y tenían disponibilidad", añadía, para recordar a López que, sus competencias, "que quedaron claras en la reunión, van más allá que presidir el consejo de administración y firmar el orden del día", pues es él el que debe configurarlo. Preparaba así el terreno Barrio para cuestionar, cuando toque, la dedicación del 'popular' a este cargo. "Habrá que ver qué ha hecho y qué no durante su mandato", apuntaba.

Será en todo caso en la tercera jornada de la comisión de investigación, la única destinada a abordar la deuda actual y sus posibles causas. Confiaba la concejal del PSOE en que Vox comparta sus conclusiones y llamaba la atención sobre la única pregunta que su representante realizaba ayer, la misma a todos los declarantes, vinculada al tiempo en el que cada uno tuvo responsabilidades en su cargo en el periodo estudiado. 

"No hizo más porque, según trasladó, la documentación dejaba claro que no había impago alguno", trasladaba Barrio, que espera también que en sucesivas convocatorias el presidente de la comisión, Juan Manuel Manso, ponga la documentación a disposición de los participantes con más antelación, ya que ayer solo tuvieron 7 horas para revisar las más de 600 páginas compartidas. "La norma fija que deben estar 48 horas antes, así que rogamos que se cumpla", reclamó la edil.