Gobierno y Junta reforzarán la protección de los menores frente a la violencia vicaria

El Gobierno central y la Junta de Castilla y León están trabajando en medidas concretas para mejorar la protección de los menores frente a la violencia vicaria, una forma extrema de violencia en la que los maltratadores hacen daño a sus hijos para producir mayor perjuicio hacia la mujer y madre. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, han coincidido en Burgos en la jornada 'Stop Violencia Vicaria', organizada por la Universidad Isabel I y ambas han contado los planes de las administraciones para proteger y prevenir una de las expresiones más crueles de la violencia de género.

Antes de comenzar esta cita académica, los participantes han guardado un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género, Andrea Bejarano, de Burgos, y Juana, de Mallorca. Una condena unánime ante un "problema estructural", como lo ha calificado Ana Redondo, que reivindica la necesidad de "activar todos los mecanismos para encaminarnos a una suciedad libre de violencias machistas".

El recién renovado, hace apenas 20 días, Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito por todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, a excepción de Vox, como ha remarcado la ministra, obliga a "formular un plan nacional contra la violencia vicaria". Según asegura, es un "plan ambicioso" que va en la línea de la prevención, la sensibilización y la defensa de los menores. 

Redondo ha recordado que de los 9 niños y niñas asesinados por sus padres en 2024 en España, cuatro de ellos lo fueron en el tiempo de convivencia de los menores con el progenitor maltratador durante esos tiempos de visita que se producen en un procedimiento de familia ordinario en el que se establecen una serie de regímenes de visitas y vacaciones. "Creemos que es un momento especialmente sensible y, por lo tanto, tenemos que establecer mecanismos que nos permiten conocer exactamente cuál es la situación de esa relación paterno-filial". Según ha declarado, de manera contundente, "un menor nunca puede convivir con un maltratador".

La consejera de Familia, por su parte, ha manifestado que la futura Ley de Violencia de Género, que actualiza la de 2010, reforzará la protección de los menores que pueden ser víctimas de un maltrato psicológico y también físico, muchas veces para agravar el daño hacia la pareja. 

Blanco ha recordado que ya la norma de 2010 reconocía de manera pionera a los menores como víctimas de la violencia machista y, por tanto, en la que se encuentra ahora en el trámite de enmiendas, se amplía y refuerza la protección y la prevención para evitar este tipo de situaciones. 

Además, el proyecto de ley tipifica la violencia vicaria como una nueva forma de violencia de género. El texto recoge que "esta se ejerce sobre los hijos, sean menores o mayores de edad, por quienes sean o hayan sido las parejas o han mantenido una relación sin necesidad de convivencia, con el objetivo de perjudicar a las mujeres mientras se realiza un daño directo sobre los propios hijos".

La vicepresidenta ha remarcado el trabajo conjunto entre el sistema judicial, sanitario y educativo para llegar a comprender el impacto de la violencia vicaria, con el objetivo de que, aunando distintas perspectivas, pueda erradicarse.

Las dos representantes de las administraciones han facilitado algunos datos de las redes de protección en los casos de violencia de género. De un lado, Ana Redondo ha explicado que hay más de 500 menores en Castilla y León bajo el sistema Viogén de protección a víctimas de violencia de género, 21 de ellos en riesgo extremo, y 12.000 en toda España. «Este sistema funciona en la inmensa mayoría de los casos», ha destacado la ministra, que añade que estas redes de protección salvan vidas a diario, pese a que «tienen que ser perfeccionadas». Desde el punto de vista de la representante del Gobierno de Sánchez, España es referente internacional en la protección de víctimas de violencia de género y también de víctimas de violencia vicaria.

De otro, Isabel Blanco ha asegurado que en 2024 los 18 centros de acogida de la Junta atendieron a 627 personas, de las que 248 eran menores de edad. Mientras, en el programa de apoyo psicológico se prestó ayuda a 235 menores de las 1.412 personas que pasaron.

'Stop Violencia Vicaria', nueva asociación

La jornada ‘Stop Violencia Vicaria’ sirvió como presentación de la asociación que llevará ese mismo nombre de la que es presidenta Andrea Cabezas, alumna de la Universidad Isabel I. Este colectivo nace «para cubrir una necesidad real» ante la situación que sufren las víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos.

«Hemos venido a cambiar las reglas del juego porque queremos que las víctimas recuperen la confianza de nuevo en las instituciones», asegura Cabezas, que lamenta que las víctimas no se sienten respaldadas en un «claro retroceso de derechos». La asociación ha lanzado la primera macroencuesta para recoger testimonios reales y datos con los que trabajar en la búsqueda de soluciones.

Durante su pequeña intervención, la presidenta pidió a la ministra que relate los pasos que se van a dar tras la renovación del pacto por la violencia de género, una actualización que llevaban esperando «año y medio».