El auge del cibercrimen en Burgos multiplica por diez las denuncias en una década

Lo llevan advirtiendo las fuerzas y cuerpos de seguridad desde hace tiempo: la cibercriminalidad crece a un ritmo vertiginoso y se requieren medios, tanto materiales como humanos, para intentar frenar su avance. Ahí están los datos, que corroboran una realidad innegable. En el caso de Burgos, la delincuencia digital se ha multiplicado por diez en la última década.

Las redes sociales, el comercio online y los teléfonos inteligentes ya estaban plenamente asentados en 2015, cuando se contabilizaron 292 denuncias por estafa y otros ciberdelitos en la provincia. Una cifra que nada tiene que ver con la de los últimos años. En 2024, sin ir más lejos, se interpusieron 3.397. Hablamos, por lo tanto, de un incremento del 1.063%.

Aunque el problema iba in crescendo, las alarmas comenzaron a sonar a partir de 2020. Llegó la pandemia y el confinamiento incentivó más que nunca el uso de internet en todos los hogares. Fue entonces cuando Burgos superó, de largo, la barrera de los 2.000 delitos. De repente, las infracciones penales de esta naturaleza se dispararon un 50% respecto al año anterior. No habría vuelta de hoja, al menos hasta el pasado ejercicio.

La necesidad de tomar medidas en materia de seguridad ha propiciado que los cuerpos policiales se especialicen y refuercen para hacer frente a la cibercriminalidad. No resulta sencillo, pero la última estadística difundida por el Ministerio del Interior revela una histórica caída en Burgos. Ni siquiera llega al 5%, pero algo es algo teniendo en cuenta que nunca antes se había producido este fenómeno desde que se recopilan datos.

Como siempre, las estafas informáticas concentran el principal foco de denuncias. El año pasado, se tuvo constancia de 3.048 casos en toda la provincia. Un 4,9% menos en relación a 2023 y cierto alivio para las administraciones encargadas de prevenir y combatir los delitos cibernéticos. No en vano, tanto Aranda de Duero como Miranda de Ebro experimentaron sendos repuntes del 9,6 y del 19,8% mientras en la capital la tasa bajaba casi un 10%.

Más allá de las cifras, conviene prestar especial atención a las nuevas modalidades de fraude que van surgiendo cada poco tiempo. Algunas muy sutiles y otras no tanto. En el peor de los casos, las víctimas pierden enormes sumas de dinero. Como un burgalés que, el año pasado, se personó en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional para informar de que le habían sustraído de manera fraudulenta alrededor de 200.000 euros.

Una forma muy habitual de buscar incautos es el envío masivo de mensajes a través de WhatsApp u otras redes sociales. Para ofrecer, por ejemplo, trabajo a golpe de clic a cambio de cantidades sospechosamente generosas de dinero. En la mayoría de ocasiones, y así lo ha podido constatar el Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional en Burgos, los estafadores dicen representar a grandes empresas.

Tampoco fallan, cada cierto tiempo, los SMS haciéndose pasar por organismos públicos como Hacienda, Correos o la Dirección General de Tráfico (DGT). Con un falso aviso sobre una multa sin pagar o un paquete pendiente de recoger, basta con pinchar un enlace para exponerse a lo peor, como sufrir un hackeo en el móvil que deje al descubierto datos personales y acceso a cuentas bancarias.

Las suplantaciones de identidad también continúan a la orden del día. Sobre todo a través de WhatsApp, tal y como relataba el pasado mes de octubre a este periódico Gonzalo, un joven burgalés que vio cómo alguien se hacía pasar por él desde otro número con la intención de pedir dinero a sus contactos. Por no hablar de los secuestros de cuentas en esta misma plataforma, a través de un sofisticado engaño previo, que deja en manos de un tercero la posibilidad de enviar mensajes y realizar llamadas haciéndose pasar por el dueño de la cuenta en cuestión.

Ni siquiera el ámbito escolar se libra de esta lacra. De hecho, varios centros públicos se vieron en la obligación, el pasado mes de noviembre, de alertar a las familias de la proliferación de correos electrónicos fraudulentos en las cuentas de Educacyl. La mayoría con mensajes en inglés esperando una respuesta por parte de los estudiantes. Sin embargo, también se detectó un evidente intento de estafa en el que se reclamaban 850 euros por un supuesto -y a todas luces irreal- retraso en el pago de matrículas. Por suerte, se informó a tiempo y no consta que nadie cayese en la trampa.

Falsificaciones, amenazas y otros delitos más minoritarios

Las estafas copan en torno al 90% de las infracciones penales relacionadas con el ámbito de la cibercriminalidad. Pero existen muchos otros delitos, minoritarios en comparación, sobre los que no hay que bajar la guardia.

De acuerdo a los datos facilitados por Interior, las falsificaciones informáticas también han aumentado exponencialmente de un tiempo a esta parte. En 2023, último año de referencia, se interpusieron en la provincia de Burgos 156 denuncias. Es decir, prácticamente el triple que en 2020.

Con variaciones de un año a otro, aunque más o menos estables, se mantienen los delitos por amenazas y coacciones a través de la red. Se trata del tercer ilícito más común en Burgos. Tomando como referencia el periodo de tiempo anterior, obtenemos una media de 134 denuncias anuales.

Bastante más minoritarios, aunque nunca exentos de persecución por su extrema gravedad, son los delitos sexuales. Si nos atenemos a las denuncias interpuestas, el total entre 2020 y 2023 asciende a 33. Mientras tanto, los accesos e interceptaciones ilícitas han ido creciendo hasta alcanzar un pico de 38 hace un par de años.