Somacyl acata suprimir la incineradora y evalúa ya "los cambios necesarios en el proyecto"
La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León interpreta la solicitud del Ayuntamiento "como una orden" al actuar en el CTR "por encargo". Suárez-Quiñones rechaza revocar las autorizaciones a otras instalaciones de la región: "No procede"
Imagen de archivo del interior del CTR de Cortes.
No hay nada que pensar, es una orden. Así interpreta la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) la petición formulada por el Ayuntamiento de Burgos para frenar la incineradora proyectada en el Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes.
Fuentes de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental indican al respecto que dado que, en este caso, Somacyl actúa a demanda de la administración local "por ser medio propio del mismo", el escrito recibido se debe entender como un mandato "para modificar precisamente el encargo realizado".
Y en ello están ya, de hecho, pues según ha podido saber este periódico, técnicos de la entidad pública "evalúan ya los cambios necesarios en el proyecto y en el sistema de gestión futuro del CTR, con el objeto de reformular el planteamiento". No precisan estas fuentes el tiempo que puede llevar este trabajo.
Tampoco aclaran, del todo, lo tangible de esa alternativa a la que se aferra el equipo de Gobierno liderado por Cristina Ayala, para sortear los efectos de omitir la polémica instalación finalmente descartada: la macro incineradora. Sí que reconocen desde la citada Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental que el Ayuntamiento de Burgos "está tramitando su adhesión con el resto de consorcios provinciales para plantear una infraestructura común de gestión del rechazo de los residuos domésticos" y recuerdan que, en todo caso, serán estas entidades las que "determinarán una solución conjunta y en qué plazos se debe ejecutar".
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respondía, contundente, a la reclamación de Ecologistas en Acción de revocar las autorizaciones de incineración de residuos en El Bierzo y La Robla (León), Venta de Baños (Palencia) y Ólvega (Soria), tras la petición del Ayuntamiento de Burgos de parar la de Cortes. "No procede revocar ninguna autorización ambiental que se haya otorgado en Castilla y León siguiendo los procedimientos ambientales establecidos en la normativa vigente", zanjaba.