Así afecta en Burgos la sentencia contra los pisos turísticos ilegales que anuncia Airbnb

La satisfacción gana a la cautela, esta vez sí, tanto en el ámbito hotelero, representado por la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, como en el medio rural, cuya voz asume Turalbur. Y es que ambas agrupaciones recibían con idéntica alegría la sentencia que obliga a la plataforma digital de alquileres vacacionales Airbnb a retirar 65.000 referencias de pisos que incumplen la normativa vigente en seis comunidades autónomas. Aunque Castilla y León no está entre ellas, se trata, según los portavoces de estos colectivos, de una importante victoria, un "paso más" para combatir el "intrusismo".

Carecen de estadísticas oficiales y, si bien Domingo Hernández, portavoz de la Asociación de Turismo Rural de la Provincia de Burgos considera que conocer el impacto exacto de esta medida es "la pregunta del millón", el representante de la patronal hotelera, Luis Mata, se anima a estimar que la mitad de los anuncios alojados en plataformas digitales como la citada son de pisos ilegales.

De ahí que la noticia sea motivo de festejo entre los que sí cumplen, los que acatan las leyes y abonan tasas e impuestos. Ocurra lo que ocurra a partir de ahora, claro, pues Mata añade que estas grandes empresas siempre encuentran vericuetos legales para sortear obstáculos como esta sentencia. "Tienen un lobby potentísimo y buscan dilatar los procedimientos. Además, aunque en Europa les multan con auténticas millonadas, siguen incumpliendo, porque al parecer les sale rentable", explica, convencido, sin embargo, de que en esta ocasión se han topado con un "problema" importante.

De poco le ha valido a Airbnb, por ejemplo, alegar que es un mero espacio de promoción sin responsabilidad sobre la legalidad de los alojamientos que se anuncian. "Está claro que no es así, por mucho que insistan en que no tienen culpa de nada", subraya Hernández, para añadir que, como intermediarios, estos portales "son cómplices de una ilegalidad".

La situación, además de ser lesiva para el sector en el que operan estos pisos turísticos de manera irregular -"con ganancias de partida de un 25% respecto a los legales", al menos en el ámbito rural-, supone un riesgo para el consumidor. "Hacer cumplir unas normas permite ofrecer seguridad y garantías a los clientes, hasta ahora indefensos porque es muy difícil distinguir antes de contratar", asegura el representante de Turalbur.

En ello abunda Mata, cansado de recibir a viajeros 'escaldados' con este tipo de alojamientos "fraudulentos" que "no eran lo que prometían, alojan a una familia de cinco personas en un apartamento con capacidad para dos o permiten llegar a determinada hora y luego no hay nadie para recibir", enumera, a modo de ejemplo de la diversa "casuística" con la que se ha topado.

Y no solo eso, añade, porque combatir esta forma de economía sumergida servirá también para poner coto "a la explotación laboral que esconde", denuncia. Asegura al respecto el portavoz de los hoteles burgaleses que al funcionar al margen de la ley, los titulares de pisos ilegales 'tiran' de personal "sin papeles, sin contrato y en condiciones totalmente irregulares". "Es un aspecto en el que patronal y sindicato estamos totalmente de acuerdo y que nos daña especialmente, porque luego pagamos justos por pecadores", lamenta, en referencia a la imagen que se proyecta de la hostelería en este sentido, "cuando el sector está más que regulado, hay inspecciones continuas y nuestros datos a disposición de las distintas administraciones de tal forma que si hay cualquier incongruencia que haga sospechar de una mala práctica saltan las alarmas rápidamente".

Es precisamente este uno de los factores en los que ambos inciden como muestra de la importante competencia deseal que supone la proliferación de alquileres vacacionales ilegales en estas plataformas que funcionan como escaparate. "Sin ellas no son nadie, porque no tienen forma de llegar al cliente", remarca Mata. Por eso, ambas agrupaciones llevan "años" reclamando a las autoridades poner límites como el que marca el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al desestimar el recurso interpuesto por Airbnb y avalar la decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En concreto, desde la Dirección General de Consumo se argumentaron tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas, de hasta seis comunidades autónomas. En unos casos, las referencias no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varios territorios y supone la infracción más común.

Otros anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, si son profesionales o particulares,  fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor. El tercer gran grupo incorpora números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, lo que puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras.