La Junta alega contra la quita de la deuda ideada por el Gobierno: "Crea un mal precedente"

Finalizado el plazo abierto por parte del Gobierno central para la consulta pública en relación con el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, incidía en la oposición de la Junta de Castilla y León a la medida y precisaba que, en esta línea se ha presentado una decena de alegaciones a la propuesta. 

"No es como tal una condonación, sino simplemente una mutualización de la deuda entre el conjunto de los españoles", aclaraba Carriedo, para incidir en que de esta forma el compromiso en cuestión "no desaparece", ya que "lo que antes debían comunidades autónomas ahora lo debemos todos los españoles"

Este cambio de modelo, de hecho, provoca que Castilla y León sea una de las regiones que "sin duda más pierde, porque, lógicamente, lo que se nos condona como comunidad es mucho menos de lo que ahora pasamos a deber". En concreto, Carriedo subrayó que "cada castellano y leonés pasa a deber 523 euros más de lo que deberíamos sin este procedimiento de mutualización". 

Además, añadía, "se crea un mal precedente, que es el hecho de que uno se puede endeudar y gastar indefinidamente sin luego pagarlo". Afirmaba al respecto que "Castilla y León está acostumbrada a pagar sus deudas, razón que nos coloca entre las comunidades autónomas de España más solventes, que cumplen el escenario de déficit presupuestario".

El consejero de Economía consideraba que lo imprescindible, en realidad, "no es tanto la condonación de la deuda, que es el pago de un precio político a los partidos separatistas", sino abordar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas "que asegure desde la igualdad, desde la solidaridad y desde la suficiencia financiera que podamos abordar los costes de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales que tenemos asumidas en las comunidades autónomas".

El documento remitido por la Junta de Castilla y León resume en diez las razones que sustentan su oposición. Tal y como recalcaba Carriedo, el texto destaca en primer lugar que "el principal problema financiero de Castilla y León es la insuficiencia de recursos del modelo de financiación actual y urge una reforma integral del mismo"

Exige, por otra parte, que las medidas que refuercen "la sostenibilidad de las cuentas públicas autonómicas" se acuerden con las administraciones autonómicas y lamenta, en este sentido, que este "peaje" no sea "fruto de una negociación multilateral".

En sus alegaciones, la Junta de Castilla y León advierte también que "la disposición prevista no se ampara en un análisis técnico riguroso del endeudamiento autonómico, sus causas, efectos y valores de forma comparada, los pros y contras de las posibles medidas alternativas" y afea que no se haya presentado "ningún estudio que garantice que el traspaso de deuda autonómica al Estado vaya a resolver el problema de dificultad de acceso al mercado que padecen algunas comunidades".

Cuestiona además que la medida, que tilda de "cortoplacista" no aporta recursos adicionales e incide en que no se trata de una condonación real, pues la deuda "no desaparece". "Los criterios propuestos para cuantificar la quita son arbitrarios e ideológicos, penalizando la reducción de impuestos y la sostenibilidad de las finanzas públicas", denuncia, para recordar que la mayoría de las comunidades autónomas, instituciones y analistas se oponen a la medida.

En última instancia, la Junta asegura que la medida que se propone "es contraria a los principios constitucionales de solidaridad, igualdad y autonomía financiera".