La falta de refuerzo en los juzgados de lo Social llevará juicios a 2027

Los tres juzgados de lo Social de Burgos, que llevan años arrastrando una sobrecarga de trabajo que se había paliado en los últimos ejercicios de algún modo con el refuerzo del magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Gernika (Vizcaya), Carlos Díaz Armiño, en comisión de servicio, verán cómo se ha medida de apoyo termina el 30 de junio y no se va a prorrogar.

Esta no renovación de la medida de refuerzo ya ha generado inquietud en los tres juzgados de lo Social, así como de todos los operadores jurídicos que realizan su labor a diario en estos tribunales. La primera consecuencia de esta eliminación del refuerzo es que habrá que reasignar la agenda del juez que apoyaba la labor de estos juzgados, por lo que habrá juicios que se pospondrán hasta el año 2027, según explican desde el Colegio de la Abogacía de Burgos,

Julia Manero, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Burgos y abogada especializada en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, explica que hasta ahora los tres juzgados están dando cita para juicios para un año, para el año 2026, salvo en los casos urgentes que «eso sí que es verdad que sí que los citan con la urgencia que dice la ley». En este sentido, el magistrado de refuerzo estaba actuando como un cuarto juzgado.

Manero indica que «al quitarnos el refuerzo el problema es que tienen que volver a señalar los asuntos que tenía señalado el refuerzo de verano a diciembre y más los normales que iban a entrar y ya no van a entrar en ese juzgado y entonces entran en los tres normales». Eso supondrá un retraso, «desde los juzgados ya están diciéndonos que la agenda se va a ir a 2027». Y recuerda que se trata de temas sociales que, por su naturaleza, no se deberían demorar tanto en el tiempo.

La presencia del juez de refuerzo se había convertido en «un alivio temporal» para unos juzgados que, hay que recordar, llevan todos los asuntos sociales de la provincia de Burgos. Hay que recordar también que la solicitud, en este caso como en todos los demás, se eleva de los juzgados de lo Social a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). 

Este órgano es el que decide, tras valorar la petición presentada por los juzgados de lo Social, acordar remitirla al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cuando el CGPJ da el visto bueno queda un último y definitivo paso, solicitar la autorización económica al Ministerio de Justicia para que, a través de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, autorice este refuerzo. Así en esta última prórroga autoriza a finales del pasado año, con vigencia hasta el 30 de junio.

A principios del pasado mes de mayo, las titulares de los juzgados de lo Social enviaron una solicitud de renovación de la medida de refuerzo del actual magistrado. En el escrito enviado a la Sala de Gobierno del TSJ, junto con los datos de la actividad desarrollada por el juez de refuerzo, se aportaban datos de la actividad de los tres juzgados de lo Social desde el año 2021. Se indica que se ha registrado un incremento del número de demandas en los juzgados, «en particular desde el año 2023». 

En concreto, en la que mayor aumento de demandas ha habido es en los casos de despidos. Así, el Juzgado de lo Social 1 registró 209 casos de esta materia en el año 2021, mientras que en el año 2024 la cifra ascendió a 334. En el caso del Juzgado de lo Social 2 fueron 188 en el año 2021, mientras que en el año 2024 fueron 341. En el Juzgado de lo Social 3 se recibieron 206 asuntos en el año 2021, y en el año 2024 el número ascendió hasta los 338.

Los juzgados de lo Social de Burgos registran en total en torno a 980 asuntos en el año 2021 a superar los 1.100 asuntos el pasado año. Es decir, los tres juzgados superaron el pasado año los 3.600 asuntos, y hasta el 7 de mayo eran cerca de 440 asuntos por juzgado. Con estos datos, los juzgados de lo Social superan «con creces» la entrada de asuntos «la entrada prevista según el Estudio de la Medición de las Cargas de Trabajo de Juzgados y Tribunales aprobado por el CGPJ en octubre de 2012», se recuerda en el escrito de solicitud enviado al órgano de Gobierno del TSJ.

También se ha registrado un incremento de los señalamientos urgentes para dar preferencia a los casos de demandas de extinción laboral a petición del trabajador por falta de pago, así como los retrasos continuados en los abonos de las nóminas.

Precisamente, recuerdan desde los tres juzgados en su solicitud de prórroga de esta medida de refuerzo, se ha experimentado un incremento en la petición de medidas cautelares por la dilación en los señalamientos a causa de la «saturación de las agendas».

A finales del pasado mes de abril, la María Gómez Giralda, la magistrada que fue titular del Juzgado de lo Social 3 de Burgos entre octubre de 2018 y febrero de 2025 y que cesaba para ir a un nuevo destino en el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid así lo reflejaba en su alarde enviado al TSJ. Recordaba que en el juzgado se celebran «entre 15 y 16 juicios cada 15 minutos», de los 5 son de Seguridad Social, tres de despidos y siete ordinarios, a «los que deben añadirse asuntos urgentes por orden de entrada».