El PSOE insta a ProBurgos a «tomar parte» en el conflicto laboral del personal técnico del Fórum

«ProBurgos no puede hacer oídos sordos a un conflicto laboral de estas características». Esa es la principal conclusión a la que llegó la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpintero, tras reunirse con los trabajadores de Scafo Eventos, adjudicataria de los servicios técnicos que se prestan en el Fórum Evolución. Por ello, no dudó el instar este miércoles a la presidenta del ente municipal, Andrea Ballesteros, a «tomar parte», por «decencia y responsabilidad», en lugar de «ponerse de perfil». 

«Es la empresa la que tiene que hablar con los trabajadores», replicaría posteriormente la alcaldesa, Cristina Ayala, tratando de establecer un símil con el conflicto que se produjo en su día entre Urbaser, responsable del servicio de recogida de basuras, y su plantilla. Sobre dicha cuestión, Carpintero quiso hacer hincapié en que el entonces concejal de Medio Ambiente, el socialista Josué Temiño, sí ejerció de «mediador entre las partes» pese a que «no era propiamente un conflicto del Ayuntamiento».

Por ahora, lo único que Carpintero percibe es una «total muestra de insensibilidad» por parte de ProBurgos mientras los empleados de Scafo -contratados o autónomos- son «víctimas de conductas claramente atentatorias contra los derechos que todo trabajador debiera tener». En este sentido, recordó que ya en su momento se rescindió el contrato con la empresa tras detectarse una «situación laboral precaria». Sin embargo, la adjudicación volvió a formalizarse el pasado mes de marzo después de que ninguna otra empresa se presentase al concurso. 

«Algunos llevan tres meses sin cobrar», asegura la edil socialista poniendo además de relieve otra serie de cuestiones que le han trasladado los propios trabajadores. Por ejemplo, que «no tienen conocimiento de horarios ni de jornadas» o que, a la hora de pasar los reconocimientos médicos, se les ofrece un documento «marcando la casilla de que no desean que se les haga». 

La «solución» que plantea el PSOE, dadas las circunstancias, es que ProBurgos rescinda el contrato vigente con Scafo y asuma la prestación de servicios técnicos «de forma directa». Es decir, contratando a los trabajadores sin necesidad de recurrir a una empresa externa y aprovechando los medios disponibles. 

Ayala, por su parte, se muestra convencida de que la Dance World Cup no corre «ningún peligro» a pesar de que los trabajadores podrían iniciar una huelga a partir del 1 de julio. Lo mismo opina Carpintero, pero en esta caso porque no le cabe duda de que Scafo «tirará de autónomos» procedentes de otras provincias para cubrir los eventos programados.