La Junta reparte en Burgos 30 millones en 15.539 ayudas de alquiler desde 2015

Hasta 30 millones de euros repartidos en una década. Ese es el balance cuantitativo de la línea de ayudas al alquiler impulsada por la Junta de Castilla y León desde 2015, que suma en este periodo un total de 15.539 solicitudes concedidas.

La coyuntura económica, salpicada de sucesivas crisis, y las dificultades actuales de acceso a la vivienda a precios asequibles, elevan año a año las peticiones recibidas y, en consecuencia, la cuantía a distribuir, pues según detallaron ayer la directora general del ramo, María Pardo, y el delegado territorial de la Administración regional en la provincia, Roberto Saiz, «todas las demandas que cumplen los requisitos son atendidas, nadie con derecho a ella se queda sin ayuda».

En concreto, en 2024 la partida habilitada inicialmente, de 19 millones, se veía incrementada en otros 30, dada la avalancha de interesados, un 15% más que el año anterior en el conjunto de Castilla y León, con 31.362 solicitudes, 21.006 resueltas de manera favorable, y 3.978 y 2.545 en Burgos, lo que supone un aumento del 13% de las peticiones concedidas.

La cuantía media de la subvención aumentaba un 5,81% respecto a la convocatoria publicada en 2023 y abonada en 2024, al pasar de 2.203 a 2.331 euros. «Se trata de un alza significativa que permite dar mayor cobertura a las necesidades de las familias», precisó Saiz, para detallar que del total de las personas beneficiarias, 748 eran jóvenes menores de 36 años (un centenar más que en el año anterior), 253 tenían más de 65 años, 369 eran representantes de familias numerosas (50 más) y 728 (frente a las 634 del 2023) se acogían a las bonificaciones dispuestas para familias con algún integrante con discapacidad.

Además, como es tradición, la mayoría de las peticiones concedidas corresponden a mujeres: 1.484 frente a las 1.061 de hombres en Burgos.

Pardo, por su parte, llamaba la atención sobre el hecho de que, en términos generales, el 44% de los perceptores tienen ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que asciende a 8.400 euros anuales, lo que demuestra, a su juicio, el enfoque «social clarísimo» de estas ayudas.

En el 76% las rentas no llegan a dos veces el IPREM, siendo el tope máximo general tres veces este indicador. Además, el 69% de las familias beneficiarias reciben la subvención por el 50% de la cuantía anual de alquiler, mientras que un 23% son jóvenes que por ese mismo hecho perciben el 60%. Un 6,7% de menores de 36 años llegan al 75% por residir en el ámbito rural, pues otro de los objetivos de esta línea regional es afianzar población en los pueblos.

La edad media de los burgaleses que cobran la subvención es de 45 años, en consonancia con la registrada en Castilla y León.

Pardo recordó que el próximo mes de octubre se lanzará la convocatoria para sufragar los arrendamientos, tanto de viviendas como de habitaciones, abonados en 2025. Las solicitudes se podrán presentar hasta finales de enero de 2026, para poder trasladar los justificantes de pago mensual de todo el año y reducir la burocracia.

La directora general de Vivienda destacó que esta línea se enmarca en una política más amplia que trabaja «tanto en la oferta como en la demanda» para facilitar el acceso a este bien a la población. Enumeró varias iniciativas al respecto, tales como el descuento del 20% en la compra de vivienda pública protegida o el aval del 20% en el mercado libre para jóvenes, lo que ayuda a obtener el 100% de la hipoteca. 513 burgaleses optan a este apoyo en concreto, y más de 120 ya lo han obtenido. Además, se pretende incrementar el parque público de viviendas «tanto de alquiler como de venta».

Instaba Pardo a otras administraciones a seguir esta estela y a facilitar a los propietarios la seguridad jurídica arrebatada por los últimos cambios legislativos nacionales, opinó, para poner sus viviendas en alquiler y frenar la escalada de precios.

Esta realidad, reconoció, ha movido a los titulares de pisos a trasladarse al sector turístico, de alojamientos temporales, al que la Junta también quiere poner coto, pero carece de mayoría suficiente para implementar ciertas medidas como la de capacitar a los ayuntamientos para limitar las licencias otorgadas para viviendas con este uso.