La Junta vuelve a reclamar la gestión del Ingreso Mínimo Vital para que los beneficiarios abandonen la exclusión

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Servicios Sociales, Isabel Blanco, reiteraba en Burgos la petición al Gobierno de España para que ceda la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al Gobierno autonómico "en las mismas condiciones que se lo ha cedido a otras comunidades, como el País Vasco". Blanco insistía en que esta transferencia es crucial para asegurar que los beneficiarios de la prestación logren salir de su situación de exclusión social y no se limiten a recibir una ayuda económica. 

"Los servicios sociales son la puerta de entrada para todas las personas que lo necesitan, aquellas que en un momento dado tienen esa situación de especial vulnerabilidad, pero también tienen que servir de puerta de salida. Tenemos que brindar herramientas precisamente para que quienes reciben este apoyo normalicen su vida, para que no dependan en este sentido de las administraciones", aseveró la consejera.

Argumentó al respecto que la gestión autonómica del IMV permitiría vincular la ayuda a una serie de requisitos que la Junta considera fundamentales -y ya exige en otros casos, como la Renta Garantizada de Ciudadanía- para "la verdadera inclusión" de las personas. En concreto, reclamaba condicionar el acceso a esta ayuda a la búsqueda activa de empleo y a la asistencia escolar de los menores a cargo de los beneficiarios.

Blanco realizaba estas declaraciones en la conmemoración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, que se celebró en el Monasterio de San Juan de Burgos, por ser la ciudad por la que accedían a Castilla y León medio siglo después. La consejera felicitó a la comunidad por esta efeméride y destacó el papel de las entidades sociales que la representan y trabajan por defender sus derechos. Trasladó, además, el compromiso del Gobierno de la Junta de Castilla y León con su integración y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Mencionó como ejemplo el Plan de actuaciones estratégicas con la población gitana 2021- 2030 para Castilla y León. Este documento, que fue diseñado en colaboración con las asociaciones vinculadas al colectivo, incluye 73 líneas de actuación que inciden en tres áreas principales de manera transversal: educación, empleo e igualdad.

Así, Blanco detalló que tiene como objetivo "fomentar la escolarización de los más pequeños, reducir el absentismo escolar y también promover la alfabetización de los adultos". Busca además desarrollar itinerarios personalizados de acceso al mercado de trabajo y programas prelaborales. La vicepresidenta citó como ejemplo los once itinerarios que, sin ir más lejos, gestiona este año el Secretariado Gitano. El tercer eje persigue empoderar a las mujeres gitanas: "Pueden ser lo que ellas quieran ser y tienen derecho a desarrollar su proyecto de vida", remarcó.