La Justicia desestima el recurso del PSOE por la reducción de la Zona de Bajas Emisiones

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso interpuesto por el grupo municipal socialista contra la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Burgos. 

Esta información se ha dado a conocer tras la reunión semanal del equipo de Gobierno, cuando la portavoz municipal del PP, Andrea Ballesteros, ha informado sobre la sentencia que se ha conocido a primera hora de la mañana de este jueves, en la que se da la razón al Ayuntamiento y se reconoce la validez del procedimiento seguido para aprobar la ordenanza que delimita el ámbito de aplicación de la ZBE. Además, impone las costas del proceso al Partido Socialista, con un límite máximo de 1.500 euros.

Según explicó la portavoz, el recurso del PSOE se presentó porque el actual equipo de Gobierno redujo el tamaño de la zona de bajas emisiones respecto a la propuesta de la pasada legislatura, cuando los socialistas gobernaban el Ayuntamiento y que tenía una extensión tres veces mayor a la que está ya en vigor.

El tribunal, sin embargo, estima que la delimitación concreta de la zona es una decisión política, siempre que se cumplan los criterios establecidos por la normativa europea, que obliga únicamente a los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer de un área con restricciones al paso de los vehículos más contaminantes.

Desde el equipo de Gobierno se destacó que el objetivo de la modificación fue ajustar el perímetro de la ZBE a las necesidades reales de la ciudad, evitando penalizar a los vecinos y al tráfico local. Cuando se llevó a Pleno la nueva ordenanza, PP y Vox tenían un pacto que marcó tanto la extensión como la aprobación de una moratoria de 18 meses del régimen sancionador.

Ballesteros añadió que la intención del bipartito "fue reducir la zona para no castigar a la población, como pretendía el Partido Socialista". 

Desde el equipo de Gobierno actual se estudiará en detalle el contenido de la sentencia, aunque valora el fallo como una confirmación judicial de la legalidad y el equilibrio del modelo aplicado en Burgos.