El TSJ desactiva la denuncia de las exmonjas de Berolado contra la jueza de Briviesca

El camino judicial de las exmonjas de Belorado vuelve a marcar otro hito negativo en su batalla contra el desahucio del Monasterio de Santa Clara. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado la querella presentada por las exclarisas contra la jueza de Briviesca por los presuntos delitos de prevaricación judicial, impedimento del ejercicio de derechos constitucionales, falsedad documental y detención ilegal de las monjas ancianas durante la adopción de medidas cautelares para trasladarlas a alguno de los monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aranzazu. 

El auto del Alto Tribunal de Castilla y León recuerda que la jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca llevó a cabo dos procedimientos para la adopción de medidas de apoyo a las monjas ancianas del Monasterio de Belorado y la autorización judicial de su traslado a alguno de los monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aranzazu. 

La querella presentada por la exabadesa Laura García de Viedma señalaba que se habían cometido irregularidades durante la tramitación de las medidas cautelares por considerar que se había vulnerado el derecho de defensa de las monjas ancianas al ocultarles la existencia del procedimiento y sin haberlas oído, así como la urgencia del procedimiento sin justificación o aportar datos falsos en las resoluciones judiciales. 

El TSJCyL, con la simple revisión de los hechos y la documentación presentada, rechaza que sean constitutivos de un delito de prevaricación. Lo que sí revela la querella es una disconformidad con la decisiones adoptadas por la juez, que, recuerda el tribunal, se deben plantear a través de un recurso. 

Además, añade la Sala de lo Civil y Penal, algunos de los hechos que se reseñan en la querella "no son ciertos". Como que la jueza de Briviesca no intentara el trámite de audiencia a las monjas ancianas, que no pudo por impedir las exclarisas a la comitiva judicial el acceso al monasterio. Del mismo modo, el TSJCyL considera que estaba justificada la urgencia de la adopción de las medidas, ya que "buscaban la protección" de las monjas ancianas. Y estarían "despojadas de toda legitimidad" desde el punto de vista eclesiástico para administrar el monasterio donde estás las monjas mayores para tomar decisiones como la negativa a que entrara la comisión judicial o el traslado de las monjas ancianas al monasterio de Orduña (Vizcaya). 

En este punto, el TSJ sí considera que hubo una "irregularidad procesal" en el intento de ejecutar las medidas en este monasterio, fuera de su jurisdicción, pero en ningún caso se puede hablar de prevaricación. El tribunal señala que calificar como intento de detención ilegal la adopción de medidas judiciales de protección de las monjas mayores resulta "sencillamente estrambótico".