El TSJ ampara a dos enfermeras burgalesas a las que la Junta negó la excedencia para cursar el EIR

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reconocido el derecho de dos enfermeras burgalesas y una tercera de Valladolid a acogerse a una excedencia voluntaria por incompatibilidad mientras realizaban la formación sanitaria especializada (EIR), después de que la Junta de Castilla y León se la denegara al no estar contemplada en el convenio colectivo del personal laboral.

La sentencia pone fin a un largo proceso judicial iniciado hace más de dos años y da la razón a las profesionales, representadas en el litigio por el sindicato SATSE, al considerar que la excedencia es un derecho ligado al contrato de trabajo y que existe una incompatibilidad real entre el desempeño del puesto y la realización del EIR.

Mónica Dueñas, enfermera burgalesa afectada, lamenta lo prolongado del proceso que vivía con "mucha rabia", pese a la satisfacción final de haber ganado en los tribunales. Y es que la victoria llega "tras haber tenido que renunciar inicialmente a una plaza que me había costado mucho sacar", lamenta, para destacar que la Administración regional ha recurrido cada pronunciamiento a favor de las denunciantes, que recibían el apoyo de la justicia en cada instancia, lo que ha prolongado su desenlace más de lo deseado.

El conflicto se remonta a 2022, cuando, por fin, se resolvió un proceso selectivo de personal laboral para la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León convocado en 2019. En ese momento, varias enfermeras que habían aprobado la oposición se encontraban realizando el EIR, una formación especializada equivalente al MIR en Medicina, a la que se accede tras superar un examen nacional, "que tiene una duración de dos años y requiere dedicación exclusiva", detalla Dueñas.

En el ámbito del personal estatutario sanitario, esta situación se resuelve habitualmente mediante la concesión de una excedencia o situación de servicios especiales hasta la finalización del periodo formativo. Sin embargo, en el caso del personal laboral de la Junta, el convenio colectivo no contemplaba esa posibilidad. Cuando llegó el momento de tomar posesión de la plaza, en enero de 2023, la Gerencia de Servicios Sociales denegó cualquier tipo de excedencia o compatibilidad. "Nos pusieron entre la espada y la pared: o dejábamos el EIR o renunciábamos a la plaza", recuerda Dueñas, que en su caso cursaba la especialidad de Enfermería de Familia y Comunitaria.

De las seis enfermeras afectadas en Castilla y León -tres de ellas en Burgos, Dueñas con plaza en la residencia de Fuentes Blancas y dos más con ubicación en Miranda-, tres optaron por incorporarse al puesto y abandonar la especialidad, mientras que las otras tres, entre ellas Mónica, renunciaron a la plaza para poder continuar con el EIR.

Con el respaldo de SATSE, las profesionales iniciaron una batalla legal tras remitir, en vano, varios escritos a distintos departamentos e instituciones reclamando una solución a su caso. La sentencia del TSJCyL a su favor se apoya en doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y reconoce que la excedencia voluntaria por incompatibilidad debe prevalecer aunque no esté expresamente recogida en el convenio.

En el caso de Burgos, la Junta ya ha ejecutado la sentencia y ha concedido la excedencia a las dos enfermeras afectadas. Sin embargo, la resolución no devuelve a las profesionales a la situación en la que deberían haber estado desde el inicio. Al haberse concedido la excedencia de forma tardía, las enfermeras conservan la plaza en propiedad, pero han perdido el destino concreto que obtuvieron en el proceso selectivo.

"Ahora tengo una plaza que es mía, que me he ganado, pero sin destino. Da mucha rabia, porque todo esto se podía haber evitado", lamenta Mónica Dueñas. En su caso, logró posteriormente una plaza como personal estatutario en otra comunidad y tras trasladarla a Castilla y León actualmente trabaja en ese puesto, una vez finalizado el EIR, pero insiste en la importancia de mantener el derecho sobre la plaza laboral de la Junta: "Nunca sabes dónde te va a llevar la vida profesional dentro de diez o quince años".

De hecho, el conflicto no está completamente resuelto, pues el convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla y León no se ha modificado en el sentido de la sentencia, por lo que futuras situaciones similares podrían volver a producirse. El Procurador del Común ha instado en varias ocasiones a la Administración autonómica a cambiar el articulado.