Los ERTE se desploman con cerca de mil afectados menos en un año

Alcanzaron un protagonismo inusitado en tiempos del coronavirus. La paralización de la actividad no esencial impuesta por la pandemia elevó a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a herramienta clave para mitigar los efectos económicos del confinamiento y sostener el mercado laboral en momentos críticos. Esa es, precisamente, su finalidad. Y cumplió.

Dista de aquel escenario la realidad que esbozan los últimos datos. Superado el trance y las posteriores réplicas en forma de crisis energética, alimentada por la guerra de Ucrania, el volumen de afectados por esta medida en la provincia de Burgos iniciaba una senda descendente que el año pasado se pronunciaba de forma notable.

En concreto, los 1.995 trabajadores incluidos en un ERTE en 2023 bajaban a 1.867 en 2024 y se desplomaban a 929 en 2025. En términos porcentuales, la cifra se reducía más de la mitad en apenas un año y hasta un 53% en dos ejercicios.

Esta tendencia a la baja también se refleja, lógicamente, en el número total de expedientes promovidos, que pasa de 61 en 2023 a 37 en 2024, para caer a 22 en 2025, lo que a todas luces confirma una menor necesidad estructural de ajustes temporales por parte de las empresas burgalesas.

La lectura de los datos coincide con la valoración de los agentes sociales. Desde la patronal burgalesa, el vicesecretario general de la Federación de Asociaciones de Empresarios (FAE), Íñigo Llarena, vincula la evolución de los ERTE, tras su máximo histórico auspiciado por la pandemia, a la mejora sostenida del mercado laboral y a una mayor normalización de la demanda. En este contexto, Llarena subraya que las empresas recurren ahora con menor frecuencia a estos mecanismos porque cuentan con plantillas más ajustadas a su volumen real de actividad, especialmente en sectores industriales donde tradicionalmente se han usado estas herramientas para acompasar la producción a los pedidos. A ello se suma, señala, el efecto de la reforma laboral, que «consolida el empleo fijo y los contratos fijos discontinuos como elementos de flexibilidad», minimizando así los ajustes puntuales que elevaban las estadísticas de expedientes de regulación.

El representante de FAE apunta además que, aunque el número de expedientes se mantenía relativamente estable en los últimos ejercicios, estos afectan a menos trabajadores. «Son, por tanto, empresas más pequeñas las que recurren a esta medida», precisa, lo que, a su juicio, refuerza la idea de una mayor estabilidad general del tejido productivo provincial.

Desde Comisiones Obreras, el secretario de Acción Sindical y Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León y miembro de la dirección provisional de Burgos, Fernando Fraile, valora de forma positiva la evolución de los datos, que interpreta como reflejo de un mercado laboral más sólido. «La reducción de los ERTE es fruto de una mayor estabilidad laboral, impulsada sin ninguna duda por la reforma laboral», afirma, para destacar la disminución de la temporalidad y el crecimiento del empleo como factores clave de este escenario.

Fraile incide en que esta mejora se produce tras encadenar varias crisis -económica, sanitaria e inflacionaria- y en un momento en el que la actividad muestra fortaleza. «Hoy tenemos un mercado de trabajo más consolidado, con crecimiento del empleo y una inflación más moderada», señala. Un contexto que, según añade, permite a las empresas afrontar mejor los ajustes sin recurrir de forma sistemática a expedientes temporales.

No obstante, el dirigente sindical defiende esta figura como herramienta de flexibilidad interna cuando concurran causas justificadas. «Un ERTE temporal siempre es una solución para evitar salidas traumáticas y garantizar el mantenimiento del empleo», sostiene. Subraya además la importancia de que, en todo caso, estas medidas vayan acompañadas de «garantías salariales y de protección» para las personas trabajadoras afectadas.

Ambos análisis coinciden en que, pese al panorama satisfactorio, persisten incertidumbres que podrían doblegar la tendencia positiva, especialmente en sectores de gran presencia en la provincia y muy vinculados a los mercados internacionales, como el de la automoción. La estadística evidencia el peso de este ámbito productivo. Por sectores, la industria concentra de forma mayoritaria los ERTE registrados en la provincia de Burgos en los tres últimos ejercicios. En 2023 copó un total de 33, que afectaron a 1.379 trabajadores, lo que representó cerca del 70% del total de personas incluidas en expedientes ese año. En 2024, el número descendió a 21, con 1.152 trabajadores afectados, mientras que en 2025 la caída fue todavía más acusada, con 11 y 600 personas incluidas.

El sector servicios se sitúa como el segundo con mayor impacto, aunque a notable distancia. En 2023 se registraron 27 ERTE en este ámbito, con 615 trabajadores afectados. En 2024 se reducían a 15, con 701 personas incluidas, mientras que en 2025 fueron 11 expedientes, que repercutían a 329 trabajadores. Por su parte, la construcción presenta un impacto residual, con un único ERTE en 2023 y 2024, que afectó a 1 y 14 trabajadores, respectivamente, y ninguno en 2025. El campo no registra expedientes en ninguno de los tres ejercicios analizados, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León.

Mejoras y garantías

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) que, a diferencia de los temporales, suponen la extinción definitiva de los contratos de trabajo, presentan cifras muy inferiores a las de los ERTE. En 2023 se registraron 6 en la provincia y afectaron a 55 trabajadores. En 2024, se reducían hasta 5, pero con 140 personas afectadas, mientras que en 2025 el dato de expedientes fue idéntico, pero el total de trabajadores incluidos bajó a 91. Por sectores, los ERE también se concentran en industria y servicios.

Con todo, y pese a la utilidad demostrada, los agentes sociales no se conforman y detectan áreas de mejora. Desde FAE, Llarena señala que, aunque los ERTE se han revelado como una herramienta eficaz en situaciones excepcionales, su aplicación resulta compleja para muchas empresas. «Es un procedimiento que requiere planificación y bastante carga burocrática, y no todas tienen capacidad para llevarlo a cabo», apunta, para referirse especialmente a las pymes. En este sentido, considera que una mayor simplificación permitiría un acceso más homogéneo y justo.

El representante de CCOO Fernando Fraile coincide en que los trámites pueden mejorarse, pero insiste en que el procedimiento debe seguir siendo «garantista». «Tiene que existir una causa y la medida debe ser proporcional», subraya. Advierte además de que cualquier agilización no debe debilitar la negociación ni los controles, «sobre todo en empresas sin representación legal de los trabajadores» y defiende reforzar herramientas alternativas de flexibilidad interna, como la distribución del tiempo de trabajo, para minimizar todavía más el recurso a los expedientes temporales, pues estos merman la capacidad económica de los afectados.