El juzgado investigará la intoxicación letal de cinco pacientes en el Hospital de Burgos

La muerte de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) por intoxicación el pasado mes de diciembre y las graves secuelas sufridas por otros tres ha propiciado la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción 1 de la capital burgalesa. De esta forma, se investigarán los hechos denunciados en su día por el Defensor del Paciente, que se personará como acusación popular al considerar que lo ocurrido, lejos de ser un «hecho aislado», constituye un «fallo estructural de seguridad». 

Después de que el Ministerio Fiscal incoase diligencias el 9 de marzo para «investigar los hechos denunciados», el juzgado debe valorar ahora la posible existencia de un delito de homicidio por imprudencia profesional en el caso de los dos pacientes que fallecieron tras recibir una dosis seis veces superior a la prescrita del medicamento Cabazitaxel. Del mismo modo, tal y como expuso la Fiscalía en su calificación inicial, ha de esclarecerse si los tres supervivientes, con secuelas graves tras someterse al mismo tratamiento, fueron víctimas de lesiones por una mala praxis médica. 

El hecho de que esta intoxicación letal en el HUBU salte a los tribunales supone una «alegría inmensa» para los familiares de los pacientes. También para la presidenta del Defensor, Carmen Flores. «Hacemos numerosas peticiones de investigación y las archivan», subraya citando casos relativamente recientes, como las demoras en el cribado de cáncer de mama en Andalucía, a sabiendas de que «un juzgado son palabras mayores». 

Lo importante, de aquí en adelante, es que «se haga justicia». Flores agradece el «interés» y las «ganas de trabajar» por parte de la Fiscalía de Burgos para esclarecer lo sucedido en el HUBU. Sobre todo de cara al futuro, de tal manera que «cuando vayan a hacer un preparado de una medicación pongan los cinco sentidos porque estamos hablando de salud y de vida». 

En contacto directo con los familiares de los tres pacientes que sufrieron secuelas irreversibles y que aún permanecen ingresados en el hospital, la presidenta del Defensor del Paciente insiste en que «la magnitud de lo ocurrido es inaceptable». No se trata, a su juicio, de un «simple error humano», tal y como se manifestó desde el complejo asistencial, sino de «una cadena de fallos que ha costado vidas». 

A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción llevará a cabo un ofrecimiento de acciones a los perjudicados directos, sus legítimos herederos y sus representantes legales. Asimismo, se solicitará un informe médico forense sobre las causas del fallecimiento de dos de los pacientes y el alcance de las lesiones y secuelas de los otros tres. En paralelo, se comprobará la «completa e íntegra trazabilidad» de la ficha del medicamento administrado a través de la empresa responsable de Farmis-Oncofarm. 

Llegado el caso, la responsabilidad penal de esta intoxicación recaería -según recoge el Ministerio Público en su escrito- sobre los «profesionales implicados y responsables de la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamente Cabazitaxel y de quienes lo revisaban», así como la Consejería de Sanidad -y por ende el Sacyl- como «responsable civil subsidiario».