El Ayuntamiento activará el protocolo ético para actuar ante conflictos de intereses como el ocurrido con Suárez

El Ayuntamiento de Burgos activará un protocolo ético, que incluye una futura App de control y un registro de empresas, para actuar ante cualquier conflicto de intereses como el ocurrido con el concejal del Consistorio y presidente de la Diputación, Borja Suárez. Esta era la conclusión del pleno municipal, que ha vivido un momento de intenso debate político tras la lectura, por parte del secretario municipal, del informe de toma de razón sobre la situación de incompatibilidad de Suárez.

El documento técnico ratifica que Suárez, en su doble condición de concejal y socio con una participación superior al 10% en la empresa adjudicataria Evento El Espino y de la que aseguró ya no forma parte, incurrió en una prohibición legal. Según el informe, la firma vinculada al edil gestionó cinco servicios de catering para el Ayuntamiento de Burgos por valor de 8.415 euros y otros 13 eventos para la Sociedad de Promoción entre 2023 y 2025, sumando un total de 22 eventos relacionados con el Monasterio del Espino que fueron registrados y publicados en la web municipal.

El secretario municipal recordó que la normativa vigente establece un procedimiento de dos fases cuando se detecta una causa de incompatibilidad de este tipo. «Tras la declaración formal por parte del Pleno, el concejal afectado dispone de un derecho de opción, es decir, debe elegir entre renunciar a su acta de concejal o abandonar la situación que genera el conflicto, en este caso, su participación en la empresa.

Durante su intervención, Suárez defendió su actuación asegurando que fue él mismo quien, el pasado 28 de febrero, elevó un escrito advirtiendo de la situación, recordando su «falta de responsabilidad» en los órganos de contratación. Suárez lamentó la «tormenta personal» sufrida estas semanas y subrayó que «no se le dio la oportunidad de defenderse adecuadamente» y que ha sido víctima de un «escarnio permanente», calificando de «injustas» las acusaciones de «corrupción o malversación», al tiempo que defendía su «transparencia y rigor frente a una situación de desamparo administrativo».

La oposición, sin embargo, se mostró muy crítica con la gestión del caso. El portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores señaló que el nuevo protocolo de medidas propuesto por el equipo de Gobierno «no aporta nada nuevo» y cuestionó que Suárez no tenga que asumir más decisiones tras lo ocurrido. Por su parte, la socialista Blanca Carpintero calificó la ley de «cristalina» y reprochó que no se informara de que la participación de Suárez en la sociedad aumentó del 22% al 33%. Carpintero recordó que «miembros del PP han celebrado actos en el Monasterio del Espino» y ponía en duda que sus propios compañeros de bancada desconocieran la vinculación del edil con la empresa.

Además, afeó al también presidente del PP en Burgos que «alegue desconocimiento ante leyes que datan de los años 80» a lo que Suárez respondió que «en ningún momento he alegado desconocimiento sino desamparo». Finalmente, la alcaldesa Cristina Ayala cerró filas en torno a su concejal, destacando que el secretario municipal «no exigió la toma de razón de forma imperativa, sino que fue su exigencia ética» la que impulsó el procedimiento. Ayala defendió que «lo ético era informar sobre lo sucedido, tal como hizo Suárez al detectar el error, y justificó la puesta en marcha de un nuevo protocolo, para evitar que estas circunstancias se repitan».