Investigan un delito de trata de personas para explotación laboral tras la protesta de los dos empleados subidos a la grúa

La protesta de dos empleados encaramados a la grúa de una obra en la calle La Tala, en el barrio de Fuentecillas, el pasado sábado, ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Policía, junto con la Inspección de Trabajo y la Fiscalía, ante lo que puede ser un delito de trata de personas con fines de explotación laboral. 

Así lo confirmó el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, durante una visita a las obras de remodelación de las sedes de la Policía Local y los Bomberos de Burgos. Sen indicó que «se está recabando en este momento toda la información», y, desde un primer momento «todo apunta a que estas mercantiles han podido utilizar a personas que se encuentran en estos momentos de manera irregular en nuestro país». Es decir, que se está utilizando a estas personas «a las cuales se tiene sin ningún tipo de contrato al no contar con una situación regular y se abusa permanentemente de este tipo de personas».

El delegado del Gobierno confirmó que los dos trabajadores que se subieron a la grúa, así como otras ocho personas que forman parte de este grupo de empleados, han pasado ya por la comisaría de la Policía Nacional para prestar declaración. Sen indicó que podría tratarse de un delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Además, se trata de una actividad, añadió el delegado del Gobierno, en la que hay «personas que estaban desempeñando un trabajo de forma irregular en un sector de mucho riesgo». Uno de los dos trabajadores que se había subido a la grúa había sufrido un accidente laboral y presentaba aún una herida abierta.

Durante las cerca de tres horas que duró la protesta de los dos empleados encaramados a la grúa, a pie de calle varios de sus compañeros de tajo fueron contando la situación en la que se encontraban. Aseguraron, con una mezcla de árabe e italiano, que los habían traído desde Italia para trabajar en diversas obras, de hecho contaban que habían estado trabajando en alguna obra en Aranda.

Sus testimonios fueron sacando a la luz una situación de precariedad escalofriante, ya que contaban que llevaban tres meses sin cobrar, motivo por el que los dos trabajadores se habían decidido el sábado pasado a subir a la grúa para protestar por esta situación. A eso se unía que estaban sin comer desde hacía tres días, así como que compartían un piso cerca de la obra sin las mínimas condiciones de salubridad. La protesta comenzó a media mañana del sábado, después de que se plantaran estos empleados porque no tenían contrato de trabajo y exigían que se les pagara. Esto hizo que se generara una discusión con uno de los ‘jefes’ de este grupo de trabajadores en la que, según contaba alguno de los compañeros de los dos empleados subidos a la grúa, en un momento mostró una pistola para amenazarles. De hecho, en esa discusión, este ‘jefe’ llegó a agredir a uno de los trabajadores.

Sobre esta cuestión de la pistola, el delegado del Gobierno indicó que «no nos consta». Agentes de la Policía Nacional que acudieron al incidente de la grúa el sábado sí que registraron al ‘jefe’ de este grupo pero no encontraron ningún arma.

La protesta de los dos trabajadores generó un amplio despliegue de seguridad en la zona desde media mañana, con dotaciones de la Policía Nacional, Policía Local y de los Bomberos de Burgos, que movilizaron un camión autoescala para poder desplegar el brazo y comunicarse con los dos trabajadores.

El negociador de la Policía Nacional acudió al lugar para mediar con los empleados, una comunicación que fue muy complicada, ya que los dos trabajadores, de origen egipcio y sin conocimiento del español, no hablaban el mismo árabe que la persona que intentaba hablar con ellos a través de un megáfono.

En esta labor de mediación fue muy importante el trabajo que hicieron una técnica y un técnico del sindicato CCOO. Ella, además de llevarles comida y bebida a los compañeros del los dos trabajadores, fue movilizando a otros miembros del sindicato para conseguir solucionar la situación. Entre ellos, al responsable del CITE (Centro de Información a personas Trabajadoras Extranjeras) que además conocía el idioma de los dos empleados encaramados a la grúa.

Además de la presencia del técnico del CITE, se avisó a un imán para acudiera y realizara también labores de mediación. La comunicación fue muy complicada, ya que a pesar de que los mediadores subían con el brazo de la autoescala, no era posible que se escucharan bien, pese al megáfono. Antes de que llegara el imán y un trabajador de CCOO del centro de integración de inmigrantes que conoce el idioma había habido contactos previos por uno de los que parecía ser responsable del grupo con los empleados desde la autoescala desplegada por los bomberos a través de un megáfono, pero no era posible comunicarse por el viento.

También intentó hablar con ellos el trabajador de CCOO desde la cesta de la autoescala, pero tampoco fue posible. Cuando llegó el imán se optó por dejar un móvil, a través de los Bomberos con la autoescala, en mitad del brazo vertical de la grúa. Finalmente, uno de los trabajadores decidió bajar. Media hora después, y tras conversar por teléfono con el imán y con el compañero que ya había bajado, el segundo trabajador accedía a bajar.

Denuncia de CCOO

El sindicato CCOO, que ha estado volcado en este asunto desde el inicio, anunciaba ayer que denunciará a la empresa de la obra en la que estaban trabajando sin contrato estos empleados «ante la sospecha de un caso de explotación laboral». Recuerda que este caso ha aflorado justo en unas fechas en la que se ha iniciado el proceso de regulación de inmigrantes, por lo que lo sucedido el pasado sábado en el barrio de Fuentecillas «demuestra la necesidad de este proceso para evitar que los trabajadores y trabajadoras extranjeros puedan ser víctimas de trata de seres humanos». Por ello. desde el sindicato «exigimos más controles y sanciones ejemplares, porque estas situaciones son absolutamente inaceptables». El sindicato remarca que «el modelo actual permite que algunos empresarios sigan enriqueciéndose a costa de la vulnerabilidad de otras personas». Añade que ante la demanda de mano de obra que se pide en este sector hay una «crisis de condiciones porque el problema se solucionaría si se eliminara la precariedad y se cumpliera estrictamente la legalidad laboral en las obras».

CCOO ha seguido acompañando a este grupo de trabajadores para darles también apoyo en necesidades básicas, por lo que se han puesto contacto con asociaciones como Burgos Acoge para ofrecerles ayuda y asesoramiento.

Desde CCOO se resaltó el trabajo que realiza el CITE, más en unas circunstancias como las actuales de proceso de regulación de inmigrantes. Un servicio necesario y útil para que todas aquellas personas que estén en este proceso de regulación puedan acudir a él para reclamar la ayuda y el asesoramiento que necesiten.