La gratuidad del bus en Burgos enfrenta a PP y PSOE por las dudas legales pese al consenso en la medida

La implantación de la gratuidad del servicio de autobuses urbanos en Burgos tras el incendio que arrasó 39 vehículos municipales ha derivado en un intenso enfrentamiento político en el Pleno del Ayuntamiento, donde todos los grupos coincidieron en la necesidad de la medida, pero discreparon profundamente sobre su tramitación.

El equipo de Gobierno defendió que la decisión responde a una situación "muy grave y excepcional", marcada por la pérdida de buena parte de la flota y la llegada de 40 autobuses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid, que carecen de sistema de cobro. Esta circunstancia, explicaron desde el Partido Popular, obliga a suspender temporalmente el pago para evitar desigualdades entre usuarios, según accedan a un autobús de la flota de Burgos o bien a uno de los llegados de la capital de España.

"El servicio había que restablecerlo con urgencia", defendió el presidente del Servicio de Movilidad y Transportes, César Barriada, recordando que el transporte urbano registra alrededor de 16 millones de viajes al año, con una media diaria de hasta 45.000 desplazamientos. La prioridad, insistió, ha sido garantizar la movilidad de trabajadores, estudiantes o usuarios de servicios esenciales mientras se adapta la nueva flota, un proceso que podría prolongarse entre un mes y mes y medio.

El PSOE fue especialmente duro con la alcaldesa, Cristina Ayala, a la que acusó de improvisación y de anunciar la medida en una rueda de prensa el pasado jueves antes de su aprobación formal. "Los autobuses ya están circulando gratis antes de que este pleno vote", reprochó el portavoz socialista, Josué Temiño, que también criticó que el Gobierno local no haya optado por un decreto de Alcaldía como en situaciones anteriores similares.

Uno de los principales puntos de fricción fue la posible responsabilidad patrimonial de los concejales al aprobar una medida sin los informes preceptivos. Los socialistas, en este caso el concejal Julio César Arnaiz, reclamaron sin éxito una aclaración expresa del secretario municipal durante la sesión, lo que aumentó sus reticencias. La insistencia de Arnaiz llevó a la alcaldesa a advertirle de su comportamiento dos veces y aseguró que a la tercera le expulsaría de la sesión. 

Desde el equipo de Gobierno se rechazaron estas dudas y se acusó al PSOE de buscar "excusas" y tratar de "boicotear" para no respaldar la medida. "Estamos tratando de resolver un problema real de la ciudad", defendió Barriada, recordando que existen precedentes de gratuidad puntual del servicio —como en festividades o eventos— sin consecuencias legales.

Por su parte, desde Vox se incidió en esa idea de excepcionalidad. Su portavoz, Fernando Martínez-Acitores, defendió la necesidad de una solución homogénea y provisional, subrayando que "el problema es muy grave" y que, en este momento, lo prioritario es dar respuesta a la situación generada.

Desde su punto de vista, la legalidad de la medida no está cuestionada por la existencia de informes y, por tanto, no se puede reducir la toma de una decisión de tanto calado a la responsabilidad patrimonial de los corporativos. Para este concejal es el momento de «tomar decisiones valientes», a lo que los socialistas respondieron que «son decisiones temerarias».

Martínez-Acitores, que después del Pleno municipal ofreció una rueda de prensa para exponer sus impresiones sobre todos estos acontecimientos, concretó que su formación política se ha mantenido en la posición de dar soluciones a los usuarios del transporte público.

En este sentido, rechazó la posición triunfalista del grupo popular con respecto a la gestión de la crisis del transporte público tras quemarse las cocheras con 39 vehículos en su interior. «La situación es catastrófica para el Ayuntamiento de Burgos y más en el momento económico en el que estamos, al borde de un plan económico financiero», recordó el portavoz de Vox. Además, fue crítico con los socialistas, a quienes acusa de boicotear la solución propuesta. «Ni triunfalismo ni boicot. Responsabilidad. Porque se trata de pensar en los burgaleses», resumió.

Líneas restablecidas

Mientras todo este debate tenía lugar, los autobuses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid habían comenzado a circular "con normalidad desde primera hora de la mañana" para restablecer las frecuencias en todas las líneas. La ciudad necesita 58 autobuses para operar el servicio y solo contaba con 31, por lo que como mínimo eran necesarios 27 vehículos azules para operar. Es posible que se requieran más a diario, ya que en Burgos se usan en muchas líneas articulados y los llegados son convencionales de 12 metros; por tanto, en algunos horarios se reforzarán las líneas con más vehículos.