Empleo público en Burgos: la temporalidad supera con creces la tasa fijada por ley
Los ayuntamientos de Burgos, Aranda y Miranda rozan el 30% de interinos mientras Belorado o Briviesca ya se sitúan por debajo del 8%. El Tribunal Supremo habla de «abuso» y CSIF exige «sanciones ejemplares»
Dependencias del Ayuntamiento de Burgos.
Ni siquiera los procesos de estabilización han sido capaces de reducir, tal y como se pretendía, los elevados índices de temporalidad en el empleo público. A día de hoy, pocas son las administraciones que cumplen la tasa estructural por debajo del 8% que marca la ley. Ocurre a nivel nacional y también en la provincia, donde los ayuntamientos de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro rozan el 30% de interinidad.
Prácticamente a la par que en el conjunto del país, las tres administraciones locales de mayor tamaño se sitúan muy lejos de la ratio fijada a finales de 2021 con el objetivo de «remediar la elevada temporalidad existente», «prevenir y sancionar el abuso y el fraude» y consolidar «una cultura de la planificación para una mejor gestión de los recursos humanos».
«La mayoría de los ayuntamientos han desarrollado procesos de estabilización, aunque no en todos los casos han servido para reducir de forma efectiva la temporalidad», señala Beatriz Díaz, secretaria de Acción Sindical de CSIF en Burgos. En cambio, hay entidades locales que sí han logrado situarse por debajo de ese 8% en tiempo y forma. Por ejemplo, Belorado y Briviesca.
Por contra, algunos ayuntamientos ni siquiera han iniciado los obligatorios procesos de estabilización. Y otros, como los de Villarcayo, Medina de Pomar y Salas de los Infantes, todavía están en ello. Así las cosas, no queda más remedio que «esperar a su finalización para comprobar el impacto real sobre la reducción de la temporalidad».
Si se compara la situación de Burgos con el resto de provincias de Castilla y León, el balance es bastante «similar» en términos generales. Si hablamos de ayuntamientos, en CSIF se han encontrado con «situaciones muy dispares». Sin embargo, no hay ningún territorio que «destaque por tener unos ratios más bajos de temporalidad».
La principal conclusión a la que llega Díaz es que la elevada tasa de interinidad, tanto en Burgos como en cualquier otro punto del país, es un «mal endémico de las administraciones»; de ahí que tampoco se perciba una «diferencia significativa entre provincias». Por otro lado, le consta que «la Diputación Provincial ha desarrollado procesos de estabilización y continúa realizando procesos ordinarios para cubrir plazas temporales y reducir la interinidad existente».
No pinta mejor el panorama en la Junta de Castilla y León, cuyos procesos extraordinarios de estabilización se han revelado «insuficientes» para acabar con la temporalidad estructural, también próxima al 30%. Por sectores, los datos que maneja la Central Sindical Independiente y de Funcionarios revelan una tasa de interinidad del 20% en Educación que aumenta hasta el 27% en Secundaria. Mientras tanto, el Sacyl también mantiene una «elevada temporalidad» pese a los procesos impulsados con el fin de corregir la situación durante los últimos años.
Fallo y cautela
Según constata la Sala Social del Tribunal Supremo dictada el 11 de mayo, se está cometiendo un «abuso» de la temporalidad por parte de las administraciones. A falta de conocerse el contenido en su totalidad, el fallo también recoge que todas aquellas personas que opten a un empleo público deben superar una prueba de acceso bajo criterios de «igualdad, mérito y capacidad»
«Entendemos que la repercusión de esta sentencia será diferente en cada administración pública, ya que dependerá del volumen de personal laboral temporal existente en cada plantilla y de la situación jurídica concreta», apunta Díaz sin obviar lo que CSIF ha dejado claro nada más conocerse la motivación del fallo: la necesidad de imponer «sanciones ejemplares» no solo a las administraciones que abusen de la temporalidad, sino también a los «máximos responsables» de que esta situación se prolongue en el tiempo.
De acuerdo a las cifras recabadas por el sindicato, alrededor de 125.000 trabajadores sufren a día de hoy ese «abuso de temporalidad» al que alude el Supremo, dado que «el 23% de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas». Eso sin contar la tasa del 30%, «el doble que en el sector privado», que afectaría a cerca de «un millón de personas».
A expensas de lo que ocurra a partir de ahora, Díaz lo tiene claro: «Mientras no haya sanciones ejemplares, la situación va a seguir como está».
Visto lo visto, la secretaria provincial de Acción Sindical de CSIF sostiene que «debiera ser la administración la que, de manera casi directa, pudiera solucionar estos temas sin llegar a los tribunales». Por lo menos en «muchos casos.
No es lo habitual, bien lo sabe, y eso contribuye a incrementar aún más el atasco que sufren los juzgados. Un fenómeno que, desde luego, no beneficia ni a los empleados de la Administración de Justicia ni al propio demandante, que «puede estar tranquilamente más de un año esperando».