La Diputación de Burgos instará a la Junta a asumir sus competencias en materia de incendios forestales
El PP apoyó la propuesta de los socialistas que pide al Gobierno autonómico financiar la redacción de planes de actuación a municipios y asumir los trabajos de selvicultura preventiva, pero recordó que el Gobierno de España «es el responsable de dar una financiación adecuada para las entidades locales»
Edificio en ruinas tras el incendio que asoló la comarca del Arlanza en 2022.
La prevención de incendios protagonizó el Pleno de la Diputación de Burgos que, a pesar del consenso entre PP y PSOE, vivió una jornada de intenso debate político. Los socialistas lograron sacar adelante su propuesta de exigir a la Junta que asuma sus competencias en materia de incendios forestales y garantice el apoyo efectivo a los municipios, gracias al apoyo del Partido Popular, que incorporó al texto original algunas enmiendas.
La iniciativa exige la puesta en marcha de labores inmediatas que minimicen el riesgo de fuegos en la provincia, reclamando firmemente que «la Junta de Castilla y León asuma de una vez por todas sus responsabilidades y competencias en una materia tan sensible para el medio rural», tal y como apuntó la portavoz del PSOE, Nuria Barrio.
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Barrio aseveró que «gran parte de los montes de la provincia de Burgos son de utilidad pública», un ámbito donde denuncian que la Junta «incumple sistemáticamente el marco competencial». Según los socialistas, el gobierno autonómico no solo desatiende sus obligaciones directas, sino que «tampoco facilita los recursos económicos necesarios a las diputaciones para que estas puedan actuar».
Entre las medidas concretas exigidas, los socialistas reclaman a la Junta que «se haga cargo de los trabajos de selvicultura preventiva, así como de franjas perimetrales y acondicionamiento de pistas, la financiación de las entidades locales para cumplir con el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales, que señala que los ayuntamientos tiene que implantar planes ante emergencias por incendios, el despliegue de equipos técnicos y materiales para los municipios con especial atención a los de menos de 1.000 habitantes y la integración definitiva de los municipios en el sistema de mando del Infocal.
Desde la bancada popular, la diputada provincial y portavoz del equipo de Gobierno, Inma Sierra, matizó algunos de los puntos con enmiendas. Así, pidió que el texto recoja que «en los trabajos de selvicultura se dé prioridad a los que tengan núcleos de población cercanos» y solicitar a la Junta que repita de forma periódica las jornadas y simulacros destinados a agentes de Protección Civil en los municipios».
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A pesar de votar a favor de la propuesta, la popular no quiso dejar pasar la oportunidad de desviar también la presión hacia el Ejecutivo central. Los populares aprovecharon el debate para exigir al Gobierno de España «una financiación adecuada para las entidades locales», un déficit que, según el PP, «el propio PSOE reconoce implícitamente al reclamar más recursos para los pequeños municipios».
Por su parte, Ángel Martín, portavoz de Vox, se sumó a las palabras de Sierra, asegurando que «la responsabilidad de esta situación no recae solo en la Junta de Castilla y León» y afirmó que «la infrafinanciación es un problema estructural del Gobierno de España», al que acusó de «no querer resolver la situación».
En cuanto a los incendios, Martín señaló que «el peligro no se debe únicamente a la falta de preparación», sino a factores estructurales del medio rural. Según la formación, «a pesar de la religión climática que nos quiere imponer el PSOE», la masa forestal «se ha multiplicado por tres debido a las repoblaciones de las últimas décadas».
Sin embargo, este crecimiento «ha coincidido con el abandono del sector primario y, principalmente, de la ganadería extensiva». Desde su punto de vista, al tener al sector ganadero «al límite» y provocar la práctica desaparición del pastoreo, «los bosques y los márgenes de los ríos quedan abandonados y sin limpiar, convirtiéndose en un polvorín».