La red de centros cívicos de Burgos costará 3 millones más en el nuevo contrato municipal que se eleva a casi 18
La Junta de Gobierno aprueba la licitación por 17,9 millones mientras el Centro Cívico Oeste sigue pendiente de incorporarse
La concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, conversando con un grupo de niñas en el centro cívico de San Agustín.
El pliego para licitar el contrato de gestión y actividades de los siete centros cívicos de Burgos está listo. El equipo de Gobierno ha dado el visto bueno a la apertura del procedimiento por un importe de 17,9 millones de euros, uno de los contratos "más cuantiosos" de la Gerencia de Servicios Sociales, según destacó la portavoz municipal, Andrea Ballesteros.
El nuevo contrato, que incrementa notablemente su coste respecto al anterior en tres millones de euros, puesto que se adjudicó en 14,8 millones, tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales. La licitación, que mantiene una estructura similar a la última vez que salió a concurso, sale dividida en cinco lotes: conserjería e información al ciudadano; programas de infancia y ludoteca; salas de encuentro; promoción social para adultos; y bibliotecas. La portavoz municipal justificó el incremento económico —cercano a los tres millones— en el aumento de costes materiales y en la necesidad de mantener la red de servicios municipales.
El contrato de gestión de los siete centros cívicos llevaba caducado desde noviembre de 2024, según ha denunciado en varias ocasiones durante este mandato la concejala socialista, Sonia Rodríguez. La última vez que la viceportavoz del PSOE hizo referencia a este retraso fue este miércoles, cuando criticó también que las familias de Burgos se quedan este año sin el campamento urbano municipal, por no haberse llegado a un acuerdo con la entidad que los gestionaba, que el pasado año sufrió unas pérdidas de unos 20.000 euros.
El Centro Cívico Oeste queda fuera por ahora al no haber concluido todavía las obras del edificio, aunque el Ayuntamiento prevé incorporar posteriormente sus servicios mediante una modificación contractual, según las explicaciones ofrecidas desde el equipo de Gobierno. Según concretó Ballesteros, no se teme ningún retraso en el desarrollo de este proyecto, a pesar de que el pago de las certificaciones de obra está sujeto a la posibilidad de contratar un crédito para el desarrollo de inversiones. Y se remitió a las explicaciones dadas este lunes por la alcaldesa referidas a las gestiones que se están realizando con el Gobierno central para que permita la refinanciación de la deuda de los consorcios y así tener vía libre para contratar la operación financiera.