«No es discutible que Castilla y León necesita personas que vengan a vivir»
El Supremo estudia elevar el proceso de regularización a Europa. Burgos Acoge recuerda que «es una cuestión nacional. No incumple la normativa europea»
Tres jóvenes migrantes, procedentes de las islas Canarias, en la sede de Accem Burgos.
El proceso de regularización de personas extranjeras residentes en España ha estado marcado por la polémica, aunque las asociaciones tiran de criterios objetivos para defender un proceso que consideran necesario. «Los datos son los que son, quien no entienda que Castilla y León necesita personas que vengan a vivir aquí puede jugar a polemizar, pero los números son objetivos y no son discutibles», señala el responsable Accem en Castilla y Len, Daniel Duque.
El Tribunal Supremo, que ha admitido el recurso presentado por Castilla y León al decreto, emitió una providencia al finalizar el proceso ante los requerimiento s de los gobiernos de Aragón y Comunidad Valenciana. En ella, plantea dudas de la compatibilidad del decreto del Gobierno de España con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, la Directiva de Retorno y las normas Schengen que eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Se preguntan las asociaciones si quienes polarizan «no ven quién cuida a nuestros mayores, quién nos atiende en el bar o en supermercado y no escuchan las demandas de profesionales sin cubrir que tienen las empresas». También lamentan desde Accem que «todo está tan polarizado que se hace debate donde no debería haberlo, con este proceso ha aumentado las cifras de cotización, de altas a las seguridad social y de recaudación fiscal». Y aunque confían en que el decreto está bien armado jurídicamente, «existe temor a que pueda paralizarse» si el Supremo decide plantear una cuestión perjudicial ente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«Confiamos en que no se así, ya que el Consejo de Europa ha aclarado que se trata de una cuestión nacional que no incumple la normativa Europea, Bruselas ha reiterado que cada Estado miembro decide sus políticas en materia de migración», señala la abogada de Burgos Acoge, Montse Martínez. Estos permisos de trabajo concedidos en España no permiten residir o trabajar en otros países de la Unión Europea. «Si una persona regularizada se desplaza a otro estado miembro sin autorización, deber regresar a España que es el país que emitió el permiso», especifica.
Otros procesos
Este es el quinto decreto de regularización de trabajadores migrantes registrado en España. Llega 21 años después del último que se puso en marcha fue en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y se regularizó a 576.506 personas de 691.655 solicitudes. Antes hubo otras tres encabezadas por el Partido Popular. En 1996 y 2000, con los gobiernos de José María Aznar, se concedieron 21.294 y 265.153 regularizaciones, respectivamente. El PP puso además en marcha otro proceso en 2001 por arraigo y revisión de expedientes y se concedieron 239.174 con un proceso especial para ecuatorianos que benefició a 20.000 personas. En cuanto al del Gobierno de Pedro Sánchez, se registraron 1,17 millones de solicitudes.