La Diputación deniega la ayuda a domicilio a personas sin dependencia reconocida

El grupo socialista en la Diputación de Burgos denuncia que la institución provincial rechaza de manera sistemática las solicitudes de ayuda a domicilio presentadas por personas que no tienen reconocido un grado de dependencia, aunque los equipos técnicos consideren necesaria la prestación. El diputado Ignacio Grajal aseguró al respecto que, desde abril de 2025, se han desestimado por esta causa alrededor de 228 solicitudes y reclamó al equipo de gobierno del Partido Popular que recupere estas ayudas para quienes cuentan con un informe favorable de los Centros de Acción Social (CEAS).

El socialista lamentó que la "antigua lista de espera", que rondaba el centenar de casos, "ya no existe, ha desaparecido", y subrayó que las solicitudes rechazadas derivan de expedientes respaldados por los propios profesionales de la Diputación. A su juicio, esta situación afecta especialmente a personas mayores que pueden necesitar "una o dos horas semanales de apoyo para el control de la medicación, la gestión de citas médicas o la realización de trámites administrativos". Destacó además que esta prestación favorece que los beneficiarios puedan permanecer en sus municipios.

Grajal rechazó que la falta de recursos económicos justifique estas denegaciones, tal y como se alega por parte de los responsables de la Diputación. Según expuso, el presupuesto provincial para ayuda a domicilio supera los 10 millones de euros y, a finales de junio, el gasto ejecutado rozaba los cuatro millones. A ello añadió la financiación aportada por la Junta de Castilla y León y las cantidades que abonan los propios usuarios en función de sus ingresos. "Entendemos que no se cumple el caso de que no exista disponibilidad de recursos", sostuvo, al considerar que, si se mantiene el ritmo de ejecución, la Diputación terminará el ejercicio con más de dos millones de euros sin utilizar de la partida comprometida.

El diputado quiso reconocer expresamente el trabajo de las más de 350 profesionales que prestan el servicio en la provincia, "que mayoritariamente residen en el medio rural", y advirtió de que la reducción de horas de atención también repercute en sus salarios. Asimismo, defendió que la ayuda a domicilio constituye una herramienta fundamental para fijar población.

El PSOE sostiene además que el criterio aplicado por la Diputación entra en conflicto con el pronunciamiento del Procurador del Común sobre este tipo de prestaciones. Grajal recordó que la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León permite supeditar las prestaciones no esenciales a la disponibilidad de recursos, pero añadió que este organismo de defensa de los derechos de los ciudadanos considera que esa limitación no puede mantenerse "con carácter indefinido". 

En este sentido, anunció que ya existe una queja trasladada sobre este tema a la institución y confió en que sirva para revisar el actual criterio de concesión. "Creemos que es un tema de voluntad política, claramente", concluyó.

Con todo, Grajal admitió que el contrato del servicio de ayuda a domicilio atraviesa una situación transitoria, pues la actual adjudicación vence y la Diputación activará desde septiembre una prórroga forzosa de un año mientras tramita una nueva licitación, pese a que la empresa adjudicataria comunicaba que las condiciones económicas del contrato "ya no se corresponden con los costes actuales". El nuevo contrato ya ha comenzado a tramitarse y está previsto que entre en vigor el 1 de septiembre de 2027.