El PP rechaza el modelo de financiación por «perjudicar gravemente» a Castilla y León
Arroyo reclama a los procuradores socialistas a que se posicionen «a favor de su tierra porque no basta un simple es insuficiente»
Marta Arroyo, junto a tres de sus compañeros procuradores
Los procuradores burgaleses del Partido Popular mostraron su rechazo frontal al nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España al considerar que «perjudica gravemente» a Castilla y León y pone en riesgo la calidad de los servicios públicos que presta la Comunidad.
La procuradora por Burgos Marta Arroyo, que estuvo acompañada por tres de los representantes en las Cortes por la provincia, denunció que la propuesta supondría que Castilla y León únicamente recibiese el 1,29% de los 20.975 millones de euros adicionales previstos, pese a representar más del 20% del territorio nacional, superar el 5% de la población española, gestionar el 17% de las carreteras autonómicas y contar con el 19% de la superficie forestal.
La responsable política alertó de que el nuevo sistema reduce el peso de criterios como la superficie y la dispersión territorial y deja fuera a Castilla y León de algunos de los fondos complementarios previstos. También lamentó que el denominado fondo climático reserve dos terceras partes de sus recursos para las comunidades del litoral mediterráneo cuando Castilla y León concentra el 19% de la superficie forestal española.
El Partido Popular reclamó la retirada de la propuesta antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 29 de julio para iniciar una negociación con todas las comunidades autónomas. «No pedimos privilegios, lo único que pedimos es igualdad», afirmó Arroyo, que defendió un modelo que tenga en cuenta el coste real de la prestación de los servicios públicos en una comunidad extensa y con una población dispersa y envejecida.
Asimismo, la procuradora burgalesa pidió al PSOE de Castilla y León que rechace expresamente la propuesta del Gobierno central y se sume a la posición defendida por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. «No basta, un simple es insuficiente», añadió. Según sostuvo, el actual modelo está caducado y necesita una reforma, aunque consideró que la planteada por el Ejecutivo central «es todavía peor» para los intereses de la Comunidad.
Arroyo criticó además que el modelo haya sido negociado «solo con una parte de España», en referencia al acuerdo alcanzado con ERC, motivo por el que lo denominó como el «modelo Junqueras». A su juicio, la propuesta no tiene en cuenta las singularidades de Castilla y León.